La tercera fiscalía superior nacional, a cargo del fiscal Luis Landa Burgos, revisará el caso de la esterilización forzada de 2.067 mujeres en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, y que recientemente había sido archivado por el fiscal Marco Guzmán Baca.

El caso ha sido elevado de instancia debido al recurso de queja interpuesto por la organización Demus, uno de los tres organismos que representa a las víctimas.  

Ahora el fiscal Landa cotejará las pruebas que existen y decidirá si formula acusación penal contra los acusados:  Fujimori y sus tres exministros de Salud Eduardo Yong Motta (1994-96), Marino Costa Bauer (1996-1999) y Alejandro Aguinaga (1999-2000).

No existe un plazo definido para que el fiscal se pronuncie, pero la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial la resolución que, finalmente, archivó el caso demoró seis meses, recordó la abogada Rossy Salazar de la organización Demus.

Esta decisión de la Fiscalía ha sido duramente criticada por las organizaciones de derechos humanos y por el propio  secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez, quien declaró ayer que las esterilizaciones forzadas “son graves atentados contra la integridad personal, salud y el derecho a decidir la familia”.

El fiscal Guzmán argumentó que la legislación peruana no tipifica como delito la esterilización forzada, así que no había formar de juzgar a los acusados. Consideró, además, que los hechos denunciados no constituían delitos de lesa humanidad.

La abogada de Demus, sin embargo, refutó que aunque la figura de esterilización forzada no está tipificada en la ley como delito, el fiscal debió homologar este ilícito con el de lesiones graves o lesiones graves seguida de muerte,  que sí existe en el Código Penal.

Recordó que una situación similar sucedió en el juicio que sentenció a Fujimori a 25 años de cárcel, cuando se utilizó la figura de secuestro agravado en reemplazo de desaparición forzada que es como se registra en el derecho internacional.

MUJERES VÍCTIMAS

En 1996, durante el segundo mandato de Alberto Fujimori, se implementó el Programa Nacional de Reproducción Sexual y Planificación Familiar desde el Ministerio de Salud, a fin reducir la tasa de natalidad en las zonas más pobres, sobre todo en la sierra del país, entre mujeres campesinas y quechua-hablantes.

Según cifras del Ministerio de Salud, en el bienio 1996-1997 se realizaron 191,451 esterilizaciones, el 55, 2 por ciento del total de intervenciones realizadas entre 1993 y 2000. Según la denuncia, 2,067 esterilizaciones se realizaron con engaños y amenazas.

Una vez caído el régimen de Fujimori, se iniciaron las investigaciones tanto en el Congreso como en la Fiscalía, pero sin llegar a formular una denuncia que conduzca a un juicio penal.

Sin embargo, en 2003, el Estado peruano y la CIDH suscribieron un Acuerdo de Solución amistosa por el que se aceptó indemnizar a los deudos de Mamérita Mestanza, una mujer que murió en 1998, tras ser esterilizada en Cajamarca. Así también el Estado se comprometió a investigar lo ocurrido durante este periodo a fin de sancionar a los culpables.

El informe "Nada Personal" de la abogada feminista especializada en Derechos Humanos Giulia Tamayo señala que además de que el Gobierno peruano fijó cuotas a los médicos y que muchas mujeres fueron amenazadas o ‘compradas’ con dinero y alimentos a cambio de las esterilizaciones. Si no obtenían su consentimiento de forma voluntaria, bastaba la decisión del marido, indica.

TESIS DE LA AUTORÍA MEDIATA 

Otra similitud con el citado juicio es la aplicación de la autoría mediata que recaería en el exmandatario y sus exministros de Salud, explica la abogada de la organización Demus. 

Pese a que el fiscal Guzmán que archivó el caso señala que no se puede aplicar esta figura legal, Salazar indica que debido a la estructura rígida y jerárquica del Ministerio de Salud es evidente que las esterilizaciones forzadas formaban parte de una política administrada por el Minsa. 

En el recurso de queja que presentó Demus se menciona cuatro cartas que el exministro de Salud, Marino Costa Bauer, dirigió a Fujimori en 1997. En el oficio N° SA-DM-0722/97, éste reporta al entonces mandatario el incremento de la producción de servicios de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) “y que debemos estar cerrando el año 1997 con una producción total bastante cercana a la meta”.

“Tenemos los oficios de Marino Costa Bauer, los oficios que emitían los directores de Salud a los médicos ordenando las cuotas, las declaraciones de las mujeres víctimas que sin su consentimiento fueron esterilizadas. También hemos señalado las declaraciones de los médicos que dicen que fueron presionados por los altos mandos. Para nosotros sí hay indicios suficientes. Ojo que ni siquiera estamos hablando de un nivel probatorio porque ni siquiera estamos en un juicio penal, sino simplemente de existen los indicios para formular una acusación penal”, señala la abogada de Demus.

Ahora, por lo pronto, la decisión está en manos del fiscal Luis Landa Burgos, de la Tercera Fiscalía Superior Nacional.