Si hay algo a lo que la institucionalidad pública del Perú parece estar condenada es a caer en errores garrafales una y otra vez para recordarnos que ni en -por lo menos- cien años, llegará a ser tomada en serio. 

La última muestra de ello llegó esta mañana desde la Municipalidad de Surco, luego que usuarios de redes sociales dieran cuenta que en su página web se impulsaba a los vecinos a denunciar la 'homosexualidad' en el distrito.

En el portal de dicho municipio uno puede acceder a un apartado especial para formular una queja o denuncia, el mismo que exige que el navegante se registre sea o no residente del distrito. Una vez llenado el formulario, se accede a otra página mediante la cual se debe especificar si lo que se quiere formular es un 'Reclamo' o 'Solicitud' y a qué motivo obedece el mismo. Al dar 'click' sobre 'seguridad ciudadana', la última de las opciones resultaba por demás inverosímil.

Es decir, para la gestión del alcalde Roberto Gómez Baca, la homosexualidad debe ser motivo de queja en materia de 'Seguridad Ciudadana'. Y decimos 'homosexuales' y no 'prostitución homosexual' porque claramente una coma separa ambos términos. Y si aún fuera ese el caso, ¿qué querrían decir?, ¿solo la prostitución de homosexuales está prohibida en el distrito?, ¿un heterosexual puede ejercerla libremente?.

Lo curioso del asunto es que tras las primeras quejas de los usuarios el equipo de redes sociales del municipio se puso en marcha y empezó a ensayar defensas que rozaban un poquito con la vergüenza.

O sea, en Surco -ojo- la prostitución y el proxenetismo significan exactamente lo mismo. Es tan culpable quien decide vender su cuerpo como quien abusa de la necesidad de quien se obligado a hacerlo recurriendo en muchos casos a la explotación. Una clase de semántica gratuita que remataron con sus 'saludos cordiales'. Cuánta educación.

Pero cuando la pita del 'roche público' no aguantaba una estirada mayor, los amigos encargados de ejercer ese complicadísimo trabajo de mantener en pie a través de Internet la imagen de un municipio limeño, tuvieron que recurrir al -suponemos- último de los planes a considerar en este tipo de situaciones: reconocer el error.

¿La explicación? Un error involuntario. ¿De quién? No se oye, padre. Pero, eso sí, "hemos tomado inmediatas medidas correctivas; puesto que está prohibida (sic) cualquier tipo de discriminación". No parece, padre.

Desconocemos la medida correctiva contra quien cayó en un error de este tipo, pero sabemos al menos la medida de cara al público para enmendarla. Horas después que el escándalo ya estaba armado, no les quedó otra que corregir el origen de todo.

¡Ah ya!, esto era lo que querían decir. ¿Les creemos? Caramba, todo bien, pero un poquito más de cuidado para la próxima vez. Porque de 'error involuntario' en 'error involuntario'...

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