En días recientes, una noticia trajo a la normalmente poco comentada Noruega a muchos titulares del mundo: todos los ciudadanos de ese país son ahora millonarios (en su moneda nacional, la Corona), gracias a su fondo soberano de inversiones, conocido como el Fondo de Pensiones Global de Noruega. 

En efecto, en las primeras semanas de enero el fondo noruego reportó un valor total de 828,000 millones de dólares, equivalentes a 5.11 billones de coronas. Dividido entre el total de habitantes del país, esta cifra resulta en unos 161,000 dólares por persona, o algo más de un millón de coronas para cada uno.

Lo que no se ha comentado tanto es la naturaleza peculiar de este fondo, establecido en 1990 para administrar las riquezas producidas para el país nórdico por su explotación petrolera y gasífera. A pesar de su nombre, que incluye la palabra “pensiones”, no se trata de dinero disponible para gastos públicos, ni de dinero que se distribuya a los ciudadanos, ni de capital que pueda usarse en obras de infraestructura o de bienestar. En realidad, es dinero que los noruegos no tocan. Y, en su enorme mayoría, están contentos así.

Noruega, hay que decirlo, no es el paraíso que a veces imaginamos al pensar en las sociedades escandinavas. La verdad es que ningún país puede adecuarse a ese estereotipo. En Noruega, como se vio no hace demasiado con el caso del asesino masivo Anders Breivik, hay un serio problema con la inmigración y la integración de extranjeros, y una corriente no tan soterrada de racismo. Hay también problemas económicos como baja productividad y altos impuestos, y se ven algunas fisuras en el edificio del estado de bienestar.

Pero aún así, un hipotético “modelo noruego” no es algo que deba desestimarse. Y el tema del fondo de inversiones que hoy está haciendo millonarios a sus ciudadanos es un notable ejemplo.

Este fondo fue concebido desde un inicio no como una reserva fiscal para gastos del estado; por el contrario, se estableció como un recurso de seguridad para el país, con la clara intención de evitar lo que se conoce como la “trampa de los recursos” o la “enfermedad holandesa”: un mal que afecta a naciones que se encuentran de súbito con una riqueza inesperada, como grandes depósitos de petróleo o gas.

“El excremento del diablo”

En general, la historia ha demostrado que tal súbita bonanza tiende a afectar negativamente la economía de un país. La vuelve no sólo dependiente del recurso en cuestión, sino improductiva, debilitando su potencial manufacturero y limitando sus opciones, reduciendo la productividad de otros sectores e impidiéndoles obtener capital, generando desempleo y restándole dinámica a su actividad, entre otras cosas.

Es que encontrar petróleo o una riqueza similar suele traer más problemas que soluciones. Como dijo alguna vez Juan Pablo Pérez Alfonso, antiguo ministro del petróleo de Venezuela, se trata del “excremento del diablo”. (Su colega saudí sheik Ahmed Yamani dijo, por su parte: “hubiera preferido encontrar agua”).

De hecho, uno de los arquitectos del fondo noruego fue un testigo presencial de una de tales debacles: el geólogo iraquí Farouk al-Kasim, que en mayo de 1968 emigró a la nación escandinava tras renunciar a su puesto en la compañía petrolera estatal de Irak.

Al-kasim tuvo la suerte de llegar a Noruega cuando este país estaba apenas iniciando el descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos en el Mar del Norte. Fue prontamente contratado como consultor para el Ministerio de Industria de su país adoptivo, en virtud de su experiencia en el ramo, aunque no se esperaba que las riquezas halladas resultaran tan astronómicas como luego resultaron ser. 

Y vaya que resultaron astronómicas. Tras el descubrimiento de sus principales yacimientos mar afuera, en 1969, Noruega se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Hoy ocupa el sexto lugar en esa lista y es el segundo exportador neto de gas natural.

Conocedor por propia experiencia del daño que la repentina riqueza en hidrocarburos puede hacerle a una sociedad, Al-kasim se propuso convencer a sus empleadores de que hagan lo contrario a lo que debe haber sido su primer impulso, como lo ha sido en prácticamente todas las naciones que se encontraron en una situación similar (en particular, las del Oriente Medio).

Quizá uno de los mayores logros de la clase política noruega, o de cualquier país, haya sido escuchar esa voz inicialmente solitaria. Pues la escucharon. Desde 1996, cada centavo captado por el fondo se guarda como en una cuenta de ahorros, y casi no se toca. El dinero se invierte únicamente en el extranjero, y por ley el gobierno sólo puede usar hasta un 4% (alrededor del rendimiento promedio de la inversión) para sostener actividades deficitarias, como la agricultura.

El fondo genera sus ingresos a través de la propiedad de campos de petróleo, los impuestos a la industria petrolera y del gas, y una participación de 67% en Statoil, la empresa petrolera estatal de Noruega.

En 2013, el Fondo de Pensiones Global de Noruega representó un 183% del PBI del país, y se calcula que para 2030 alcance el 220%. Este fondo es tan grande y tan rico que sus movimientos se sienten en todo el mundo: se trata de casi el 1,5% de la capitalización bursátil mundial, mucho más que cualquier otro fondo soberano.

Un estado de bienestar

Aunque este modelo es consensual entre los políticos del Partido Laborista y los del Partido Conservador (los segundos encabezan hoy la coalición de gobierno en Noruega), cada vez se escuchan con más insistencia voces que piden cambiarlo, especialmente desde la extrema derecha, que ha venido ganando espacio electoral y cuotas de participación en el gobierno. Para ellos, los fondos producidos por la riqueza petrolera de Noruega deberían usarse para financiar los gastos del estado de manera más agresiva, y así reducir los impuestos (Noruega tiene una de las tasas impositivas más altas del mundo).

Pero una mayoría de ciudadanos prefiere que las cosas se queden como están, y es poco probable, por ello, que cambien en el corto plazo.

Y es que a cambio de sus altísimos impuestos, los noruegos obtienen numerosos beneficios de parte de un “estado de bienestar” que, a diferencia de sus homólogos en otros países de Escandinavia, no ha empezado a agrietarse en años recientes.

En Noruega, la educación es pública, gratuita y bilingüe (en noruego y dialectos locales, y en noruego e inglés). Todos los ciudadanos cuentan con cobertura de salud y la esperanza de vida al nacer es de 81 años. Prácticamente no existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, y no hay pobreza ni desempleo (el índice de desocupación es, de lejos, el más bajo de Europa).

En efecto, el “modelo noruego” del que hablábamos más arriba es en realidad un modelo para el funcionamiento de una socialdemocracia efectiva en el mundo contemporáneo, con una intensa pero cuidadosa participación del estado en la economía (como en el caso de Statoil, donde la frontera entre el accionarado estatal y la dirección de la empresa, por ejemplo, es guardada celosamente), un apoyo dirigido al florecimiento de industrias privadas, como en la de exploración y servicios energéticos.

El Perú está ciertamente lejos de haber hallado la riqueza de recursos que Noruega encontró a finales de los años 60, y está también lejos de la cultura política de ese país, que entre sus características históricas cuenta con la de no haber sido nunca dominada por una élite aristocrática u oligárquica. Pero aún así, no está nunca demás mirar a este tipo de experiencias y entender que los recursos naturales deben ser administrados no tanto como una bendición, sino como un riesgo.