Los delitos cometidos al practicar las esterilizaciones de manera forzada, a través de engaños o chantajes, no debe quedar impune.

Contra todo pronóstico, la semana pasada el Ministerio Público decidió archivar el caso librando a Alberto Fujimori y los ministros, entre ellos el actual congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, de responsabilidad.

Además, no se consideró el caso como un "delito de lesa humanidad", a pesar de que estas prácticas estuvieron dirigidas a un sector específico de la población: las zonas rurales en familias de escasos recursos.

Mira aquí la manifestación de Alfombra Roja y el testimonio de una víctima:

Ante ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables EXHORTA al Ministerio Público y Poder Judicial a "garantizar el debido proceso de las mujeres que recurren al sistema de justicia a denunciar la violación de sus derechos, a la espera de sanciones e indemnizaciones, según corresponda".

A continuación, el comunicado completo:

Que, pese a existir 2,074 casos de mujeres que han denunciado haber sido esterilizadas en contra de su voluntad, 18 de las cuales perdieron la vida a consecuencia de intervenciones quirúrgicas efectuadas sin su consentimiento; el Ministerio Público ha resuelto en primera instancia el archivamiento fiscal de 2,073 de los casos denunciados y solo recoge uno de éstos, formulando denuncia contra el personal médico directamente vinculado con la muerte de Mamérita Mestanza Chávez, ocurrida el año 1998 a causa de una infección generalizada posterior a la ligadura de trompas a la que fue sometida en la sierra de Cajamarca.

Que, como se recuerda el Estado Peruano, en el caso de Mamerita Mestanza Chavez, se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a sancionar a quienes resulten responsables de los actos de vulneración del derecho al libre consentimiento y muerte de la víctima, indemnizar a sus deudos, entre otros compromisos.

Sin embargo, las restantes 2,073 víctimas comprendidas en la citada causa, cuya integridad fue lesionada llegando en varios casos a la muerte, hasta el momento no acceden a la justicia.

Que, siendo que un Estado democrático obliga a la separación e independencia de sus poderes y respetuosos de estos principios, es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector de los derechos de las mujeres, EXHORTA a las autoridades competentes (Ministerio Público y/o Poder Judicial) a garantizar el debido proceso de las mujeres que recurren al sistema de justicia a denunciar la violación de sus derechos, a la espera de sanciones e indemnizaciones, según corresponda, dentro del marco de la legislación nacional y los estándares internacionales aplicables, para lo cual existe la garantía constitucional de la doble instancia en la que el sector confía se alcanzará justicia.

Lima, 29 de enero de 2014.

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES