Adentrarse tras el rastro del proyecto de la Ley General de Trabajo (LGT) supone deshilvanar la madeja de un debate de más de doce años de vigencia y que hoy parece aplazado indefinidamente por el Gobierno, ante el desencanto de la clase empresarial frente al proyecto. 

El pasado jueves 5 de diciembre, la ministra de Trabajo, Nancy Laos, una mujer cuya carrera se ha forjado entorno a la asesoría laboral corporativa, retornó, tras haberse ausentado por casi tres meses, a las reuniones del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), instancia que reúne al Estado, empresarios y trabajadores.

La ministra traía consigo un importante anuncio: el Informe Técnico Económico que precisaba los alcances y posibles efectos de la LGT estaba listo. “Ya está en mis manos”, dijo Laos.

En aquella reunión estuvo presente Nazario Arellano, responsable del Departamento de Defensa Laboral de la CGTP. Lejos de suponer que este informe allanaría el camino para que la CNT debata y termine de consensuar el proyecto para remitirlo al Congreso, Nazario sostiene que las cartas están echadas, el Gobierno “no tiene voluntad política de aprobar este proyecto”.

La ministra traía consigo un importante anuncio: el Informe Técnico Económico que precisaba los alcances y posibles efectos de la LGT estaba listo. “Ya está en mis manos”, dijo Laos.

“Mecida, Mecida y más mecidas es lo que recibimos de la ministra. Ya estamos evaluando retirarnos del CNT porque no conseguimos nada estando ahí”.

Al sindicalista no le falta razón. Cuando Laos asumió la cartera en noviembre del 2012, una de sus primeras declaraciones fue que su prioridad sería aprobar la LGT. Sin embargo, en julio del año pasado, la propia ministra cambio de versión y declaró que este tema no era prioridad en el CNT.

Lo cierto es que pese a que se consiguió un estoico consenso entre empresarios y trabajadores en el 84% de los 409 artículos que postula la LGT, ha habido un malestar in crecendo del sector empresarial frente al proyecto que reordena y modifica las reglas laborales en el país.

En el puñado de más de 60 artículos que atizan las discrepancias entre uno y otro lado residen temas espinosos como el despido arbitrario, la negociación por rama de actividad o la elevación del tope de la indemnización por despido injustificado, entre los principales, que podrían dar un giro de tuerca a las relaciones laborales en el país.

¿Posiciones irreconciliables?

Perú es uno de los cuatro países de América Latina que no cuenta con un código o ley general de trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la actualidad, explica el abogado laboralista Javier Mujica, casi cada actividad laboral tiene su propia ley y reglamento; lo que deviene en una maraña jurídica en la que hasta los propios laboralistas se siente sobre terreno fangoso.

“La regulación actual regida por el decreto legislativo 728 se ha hecho caótica y permite los abusos laborales con la convivencia de múltiples regímenes laborales. Hay uno para la trabajadora del hogar, otro para el trabajador agroindustrial, otro micro y pequeña empresa, la agroexportación no tradicional y así sucesivamente. Muchos de estos regímenes eran temporales, pero ahora se han convertido en permanentes. La LGT viene a regir y corregir esta dispersión”, señala.

Sin embargo, para Cesar Peñaranda, jefe de estudios económicos de la CCL aprobar la LGT sería un retroceso para el país. Según el economista en la actualidad las empresas pagan en el Perú hasta un 60% en sobrecostos laborales, cifra que supera a otros países de la región, por ejemplo, sus socios en la Alianza Pacífico (México, Colombia y Chile).

Para él la receta es la flexibilización de la política laboral. Se entiende por flexibilización reducir esos sobrecostos que son por ejemplo: la doble gratificación de los trabajadores (julio y diciembre), el pago de las vacaciones, la CTS, los días de vacaciones y abaratar los costos y flexibilizar las normas de despido.

“En otros países los trabajadores se ganan su derecho a vacaciones, no es que apenas ingresen tengan un mes de vacaciones. Ese porcentaje va aumentando conforme los años que tienen en la empresa”, dice.

Para él la receta es la flexibilización de la política laboral. Se entiende por flexibilización reducir esos sobrecostos que son por ejemplo: la doble gratificación de los trabajadores (julio y diciembre), el pago de las vacaciones, la CTS, los días de vacaciones y abaratar los costos y flexibilizar las normas de despido.

Estas medidas planteadas por Peñaranda es fácil suponer serían altamente impopulares entre la población, pero según el economista de la CCL generarían una mayor inversión, mayor competitividad y, por ende, más puestos de empleo y además abonarían en reducir la informalidad que ronda cerca del 70% de la economía peruana.

Si bien, la aprobación de la LGT traería como consecuencia quizá una disminución en algunos puestos el ranking de competitividad del World Economic Forum en materia laboral, en general, afirma Mujica una sola ley del trabajo genera “predictibilidad, claridad y estabilidad en las reglas de juego” que atraerá la inversión.

Además, señala que la competitividad de una empresa no depende exclusivamente del régimen laboral, sino que es un concepto que encierra múltiples variables.

Para Nazario Arrellano de la CGTP, con el estudio de impacto económico terminado el proyecto de la LGT debería pasar tal y como está al Congreso para que allí se zanje las discrepancias entre los empresarios y trabajadores. “Se trata de voluntad política”, repite.

Por su parte, el laboralista del Estudio Payet Germán Lora advierte que esta norma solo impactaría sobre aproximadamente el 30% de peruanos, pues existen un numeroso grupo de trabajadores que no se encuentran en esta ley como las microempresas informales, el sector público o los independientes.

Para Nazario Arrellano de la CGTP, con el estudio de impacto económico terminado el proyecto de la LGT debería pasar tal y como está al Congreso para que allí se zanje las discrepancias entre los empresarios y trabajadores. “Se trata de voluntad política”, repite.

“La LGT no es necesaria. Que hayamos pasado 12 años sin ella es prueba de que no se requiere en el país. Pero si hay ajustes que se deben hacer a la política laboral como implementar la posibilidad de cesar a los trabajadores por causa individual”, señala en la misma línea que Peñaranda.

Cabe recordar que la aprobación de la LGT de trabajo fue un compromiso del propio presidente Ollanta Humala como candidato presidencial en el 2011. Habrá que ver si el presidente se acuerda de su palabra empeñada este año.

Breve reseña de la historia sin fin

El Congreso encargó en noviembre del 2001 a una comisión de expertos la elaboración de una ley que organizara en un solo documento los dispersos regímenes laborales del sector privado, era impensable prever que el debate duraría tanto.

Con el cambio de gobierno en el 2011, se convocó a una nueva junta de los más reconocidos laboralistas para que actualizaran el proyecto. Se trataba de abogados de reconocidas experiencia y diversas tendencias como Carlos Blancas, Alfonso De los Heros, Javier Neves, Mario Pasco, Alfredo Villavicencio y Jaime Zavala.

El nuevo borrador del proyecto dejó insatisfecho sobre todo al sector empresarial. Entre otras modificaciones el proyecto ampliaba del límite de indemnización por despido arbitrario de 12 a 18 sueldos, reducía los tipos de contratos temporales y les asignaba solo un máximo de 18 meses o 2 años de vigencia (Hoy pueden durar hasta 5 años), entre otros cambios.

Los empresarios, encabezados por la Confiep, han calificado estas medidas como “proteccionistas” y alertaron que de aprobarse la LGT se incrementaría la rigidez laboral, restándole competitividad al país y desincentivando la inversión.