El pasado 26 de noviembre, en uno de los salones del Hotel Sol de Oro, la ministra de Salud, Midori de Habich, y funcionarios de Proinversión organizaron un ‘roadshow’ para presentar a representantes de más de cuatrocientas empresas, una cartera de inversiones en hospitales públicos, como parte de la reforma del sector salud.   

En aquella ocasión, De Habich expuso un paquete de proyectos hasta en nueve hospitales: Arzobispo Loayza, San Bartolome, Dos de Mayo, Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Sergio Bernales y el Nuevo Hospital San Juan de Lurigancho, con una inversión total superior a los S/. 7, 500 millones (unos US$ 2,770 millones).

El ingreso del capital privado a la sanidad pública, particularmente a la red de hospitales del Minsa, es el punto que más se ha resaltado de la reforma que ha emprendido el Gobierno. Pese a que en el discurso, el Gobierno sostiene que el capital privado logrará mejorar los alicaídos servicios de salud en los establecimientos fuera de la capital, es digno de atención que la participación de privados empiece en el "mercado" más rentable que es el limeño.

Este proceso ha marchado en paralelo con la emisión de los 20 decretos legislativos promulgados en la primera semana de diciembre.

El Gobierno promueve dos modelos para el ingreso del sector privado: la Asociación Público-Privada (APP) “Bata Gris”, en el que el privado “diseña, construye, equipa el funcionamiento de un hospital y luego se encarga de todo lo que es no clínico, es decir el mantenimiento de equipo, de infraestructura”, y las obras por impuestos que funcionarán como concesiones.

Uno de los más entusiastas con la reforma planteada es el ministro de Economía, Luis Castilla, quien dijo que “la introducción del capital privado va a ayudar al sector, pues la idea es mejorar la calidad de los servicios de salud”.

“No es lo mismo convocar al sector privado para construir puentes o carreteras que hospitales”, afirma el coordinador nacional de ForoSalud, Alexandro Saco.

Sin embargo, este aspecto de la reforma ha despertado severas críticas entre los especialistas y organizaciones del sector salud como la Federación Médica Peruana (FMP), el Colegio Médico del Perú (CMP), ForoSalud, la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA) la Red de Pacientes, entre otros.

Formalmente estas agrupaciones no se oponen al ingreso del capital privado —aunque remarcan que no es la solución per se a los problemas del servicio público de salud— sino a las condiciones en las que éste ingresaría. Es decir, mediante los lineamientos generales que administra Proinversión. “No es lo mismo convocar al sector privado para construir puentes o carreteras que hospitales”, señala el coordinador nacional de ForoSalud, Alexandro Saco.

Según el representante de ForoSalud resulta “inexplicable” que el Gobierno, al que el Congreso delegó facultades para legislar en materia de salud, no haya incorporado dentro de los 20 decretos, una legislación especial destinada a regular el ingreso del capital privado.

APP con el sector salud en el Perú

En el Perú, existen ya algunas inversiones privadas en el sector salud. Los primeros pilotos los realizó el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud). Se trata de los hospitales de Callao Salud SAC y Villa María del Triunfo SAC que empezarán a operar a mediados del próximo año, administrados por la empresa IBT Group. 

Más reciente es la experiencia del Minsa, que encargó ya tres proyectos a Proinversión. Una APP para el mantenimiento de la edificación, instalaciones, equipos y que brinde servicios generales y de apoyo al diagnóstico en el Instituto de Salud del Niño, en San Borja. Los otros dos son el Banco de Sangre de Cordón Umbilical y la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Establecimientos de Salud en Lima Metropolitana.

En los proyectos que ya están en curso aún no se puede determinar el impacto, pero la experiencia comparada en otros países ayuda a prever las consecuencias. Pedro Francke, exgerente general de EsSalud, afirma que en Estados Unidos, el no establecer condiciones particulares al ingreso del capital privado derivó en serios problemas.

“No se trata de un tema ideológico, pero si las condiciones de contratación, monitoreo y seguimiento no están bien implementadas, no se podrá evitar que haya un aprovechamiento excesivo del sector privado”, refiere. 

“Por ejemplo, la empresa que ingresa convence a los médicos que ordenen hacer tomografías, porque de esa manera aumentan su rentabilidad. Entonces, te mandan a hacer tomografías que no son necesarias”, explica.

En tanto, Alexandro Saco de ForoSalud afirma que la concesión de los hospitales de EsSalud es ya una “mala experiencia”. “La concesión establece rentabilidades que van hasta el 30%. Ni siquiera es como en España, cuya rentabilidad máxima es de 8%, pasado ese límite se obliga a la empresa a reinvertir en el propio sistema”.

Juan Arroyo, investigador en temas de Salud de Centrum-Católica, coincide con Francke y Saco. “Se argumenta que ya hay normas, pero la concesión de hospitales es una cosa nueva. No es que haya que oponerse, pero existe la necesidad de hacer una precisión a las normas”.

Una reorganización más que una reforma

En la reforma, consideran los especialistas, existen aspectos positivos como la ampliación y focalización del SIS, los incentivos para el personal de salud, el mejor acceso a medicamentos y el fortalecimiento de la SUNASA. Pero consideran que más que de una reforma se trata de una mejora del sistema actual.

Una reforma, afirman Arroyo y Francke, hubiese buscado corregir el desorden que provoca tener dos sistemas paralelos (EsSalud y el SIS, administrado por el Minsa). Los cambios propuestos consideran solo tendrán un impacto parcial en los servicios de salud pública.

“En Brasil se hizo una fusión de EsSalud con el Minsa. En Costa Rica significó la expansión de la caja del seguro social como proveedor único. En Chile, la privatización. En Colombia, la universalización del seguro. Ninguna reforma es solo un ajuste de la calidad como la que está proponiendo el Gobierno”, señala Arroyo.

En la misma línea, Francke remarca que los cambios olvidan elementos como la descentralización y desplazan la participación ciudadana. Además, indica que “es una reforma totalmente centrada en los servicios”, pero que no tiene una sola directriz que se ocupe de “los determinantes sociales de la salud” (las condiciones en que la gente vive y trabaja, que afectan a su salud y que pueden ser mejoradas).

Por lo pronto, enero se vislumbra como un mes complicado para el sector. Ya las organizaciones ligadas a la salud vienen coordinando la conformación de un frente que desarrollará una propuesta alternativa a la reforma promovida desde el Gobierno y que, al parecer no estará exenta de movilizaciones y protestas en las calles.