Hoy 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, una fecha que debe servir para reflexionar sobre lo que aún está pendiente en esta materia en el Perú. 

En el país existen, según el informe de la Comisión de la Verdad (CVR), más de 15 mil personas desaparecidas durante la época del conflicto armado y aún no se ven grandes esfuerzos por buscar a los desaparecidos, ni por reparar de manera digna a las víctimas.

La Mula te presenta un listados de cinco, de los tantos casos, que aún buscan justicia.

Chungui, un pueblo casi arrasado

El distrito ayacuchano de Chungui fue duramente azotada durante el conflicto armado interno. En los 80 es cuando Sendero Luminoso ingresa a este territorio. 

Este caso fue estudiado a profundidad por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), debido al grado y envergadura de violencia. Los censos realizados en el 81 y en el 93, se puede ver que de una población de 8257 habitantes, en el curso de 12 años, se redujo a 4338, según datos de la CVR. 

El informe final de la CVR describe que en esta población sucedió la desaparición forzada por parte del Estado, según se describe en el diario La República, al costado de varios de los cuerpos exhumados se encontraron casquillos del Ejército. 

La violencia en Chungui fue masificada y existieron diversos actores implicados en esa violencia, desde las Fuerzas Armadas, los distintos oficiales de la policía, los Comités de Autodefensa y Sendero Luminoso.

Masacre en Accomarca

El Estado, hizo acto de presencia el Accomarca, en Ayacucho, el 14 de agosto de 1985, al enviar a una patrulla militar al mando del teniente Juan Rivera Rondón y el subteniente Telmo Ricardo Hurtado. La fuerza militar llegó a Llocllapampa, perteneciente a Accomarca; y, literamente, borró del mapa a la población. 

El número de víctimas reconocidas oficialmente, hasta el momento, asciende a 69. Este atentado tuvo como principal motivo, según las fuerzas armadas "erradicar la base senderista" que supuestamente estaba formada en esa parte del suelo ayacuchano.

Cuando el atentado fue denunciado ante el Poder judicial, se sentenció en 1993 al el Monstruo de Accomarca a seis años de condena privativa de su libertad, el resto de implicados quedó cubierto bajo el manto de la impunidad. Dos años después Hurtado se acogió a la Ley de Aministía promulgada en la dictadura de Alberto Fujimori, posteriormente el subteniente viajó a Estados Unidos.

Tuvo que pasar 16 años para que Telmo Hurtado fuera extraditado al Perú, en el 2011. Una vez en el Perú fue procesado penalmente y declarado culpable de los delitos que se le imputaban. En un primer momento, Hurtado pretendía asumir la culpa, aislando a 28 militares implicados; según él, los crímenes ejecutados fueron por decisión propia.

Sin embargo, el nueve de abril del 2012, Telmo reconoció su responsabilidad de 31 de los 69 campesinos ejecutados, esto con la intención de reducir su pena vía la confesión sincera.

Los 30 años de búsqueda de las mamás de Anfasep

La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), conformado pricipalmente por madres guerreras que hasta hoy no se detienen en la búsqueda de sus familiares y de justicia. 

En conmemoración de su aniversario 30, Lamula.pe tomó el testimonio de las principales representantes de esta poderosa asociación: Mamá Angélica, Adelina García, Juana Carrión, Isabel Cletona.

Lo que se quiso ocultar en Parcco y Pomatambo

El 23 de octubre de 1986 marca una fecha de duelo para los familiares de los 12 pobladores de las comunidades de Parcco y Pomatambo, en Ayacucho, que fueron asesinados por patrullas del ejército peruano, comandadas por Dante Retamal Guerra y Agustín Tuya López.

A los 27 años de la desaparición de estos pobladores aún no hay sanciones a los culpables ni reparación a las víctimas y hasta el momento, solo se pudo recuperar y entregar a las familias los restos de cuatro de sus seres queridos.

La Mula entrevistó a algunos de los familiares del caso Parcco y Pomatambo, quienes siguen a la espera de justicia.

Todos buscamos a Ernesto

El 21 de octubre de 1990, el estudiante de Sociología de la PUCP, Ernesto Castillo Páez, estaba realizando una encuesta en Villa El Salvador sobre las consecuencias del "Fuji-Shock", el mismo día se hicieron acciones de propaganda senderista en ese distrito. Efectivos de la Policía Nacional lo detuvieron a plena luz del día y nunca más volvió a aparecer ante su familia. 

Al cumplirse los 23 años de la desaparición del estudiante, el 21 de octubre familiares y otras víctimas del conflicto armado interno, así como ciudadanos identificados con la lucha contra la impunidad, se manifestaron contra la posible salida de prisión del coronel Juan Mejía León, principal responsable de la desaparición.

Cabe mencionar que dos de los cuatro policías condenados como responsables de la desaparición del estudiante universitario actualmente gozan el beneficio penitenciario de semi-libertad, pese a que hasta hoy, no han dicho dónde está Ernesto.