En Bali, se reunieron los representantes de todas las naciones que integran la Organización Mundial de Comercio (OMC) y lograron un acuerdo que bajaría las barreras comerciales y aceleraría el traspaso de bienes entre fronteras.  

Se espera, según los pronósticos de los analistas, que impulse la economía mundial con cientos de miles de millones de dólares, además de generar un aproximado de 20 millones de empleos, en especial para los países en desarrollo.

El acuerdo, que ha sido calificado de exitoso porque demuestra la vigencia de la OMC en la actualidad, busca reducir las barreras burocráticos en las aduanas a nivel mundial, y permitir que los países más pobres asuman mejores términos comerciales. Además, incentivaría a los países en desarrollo a rodear las normas en los subsidios agrícolas si buscan proveer de alimentos a los más pobres.

Este hecho no se puede dejar pasar cuando se ha sostenido que el hambre que afecta al mundo se origina, antes que por causas naturales (como inundaciones o sequías), por la especulación en los precios de los alimentos.

Por ejemplo, en la India una medida tomada por su gobierno para combatir la hambruna de las poblaciones más vulnerables ha sido implementar un sistema que permita adquirir la producción agrícola de los más pobres para que, precisamente, sea almacenado y posteriormente distribuido entre ellos.

Sin embargo, tal propuesta ha sido calificada de "proteccionista" y, por lo tanto, de ilegal ante los ojos de la OMC.

En el Perú no podemos ignorar que estamos en una situación similar. También tenemos una alta cantidad de población afectada por la hambruna. En el Congreso se viene discutiendo en la comisiones parlamentarias de Inclusión Social y Agraria la aprobación de la Ley a favor de la Soberanía y Seguridad Alimentaria. Mientras que el Ministerio de Agricultura viene impulsando un proyecto de Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria.

Enrique Fernández Maldonado, columnista de La República, señala que en "el escenario más optimista" el gobierno debería aprobar ambas iniciativas, pero se oponen la producción de biocombestibles y el conflicto que generaría con los TLC adoptados por nuestro país en los últimos años.

El punto está en determinar cuándo se está ante una medida proteccionista —que a la larga resulta negativa para todos los agentes involucrados— y cuándo ante una genuina intención de defender los intereses de una población y no la de un mercado.

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