La polémica está a la orden del día en España. Ayer, la Audiencia Nacional acordó por unanimidad la excarcelación en bloque de 13 etarras. Esta decisión se produce tras la anulación de la "doctrina Parot", una interpretación jurídica que, en la práctica, ampliaba la estancia en prisión de condenados por delitos graves, principalmente etarras. 

En contreto, la norma establecía, desde el año 2006, la prolongación de la estancia en la cárcel de numerosos presos, pues calcula sus liquidaciones de condena en base a la totalidad de sus penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento previsto en el Código Penal de 1973, que es de 30 años.

El pasado 21 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, consideró que la "doctrina Parot" vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La etarra Inés del Río fue la primera beneficiada por el fallo. Desde entonces, los excarcelados se elevan a 31, 24 de ellos etarras.

Según el Gobierno español, en las prisiones españolas había 93 presos afectados por la doctrina. Además de los etarras, los condenados por crímenes y delitos comunes se benefician también de la decisión de Estrasburgo, como es el caso del "violador del ascensor", Pedro Luis Gallego, que debió salir de prisión en 2008, y que, tras la aplicación de la doctrina alargó su estancia en la cárcel hasta 2022.

Reacciones y polémica

Las críticas y reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, admitió la existencia de una "cierta preocupación" en la sociedad "ante la salida de terroristas y violadores", aunque indicó que espera que "esta situación no produzca alarma social". 

Y es que la tensión obligó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón a pedir que no se haga “ningún reproche” a los jueces y magistrados porque “no sería justo”. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró hoy que el Gobierno "blindará" la legislación para no tener que "revivir estos días". 

Las opiniones de los senadores más conservadores son claras. Mario Arias Navia, senador asturiano por el PP, declaró que la resolución de Estrasburgo le daba “asco”. Tampoco se queda atrás la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza  que sañaló la “vergüenza e indecencia” que, a su juicio, supone la liberación en bloque de miembros de ETA.  

 “Yo te pido ayuda Defensora, porque cumplir las leyes es cumplir la Constitución, y la Constitución dice que hay que respetar el derecho a la vida y a nosotros nos lo han robado. ¿Ahora qué hacemos?”, se preguntó en un desayuno con la defensora del pueblo, Soledad Becerril.

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