Más allá de la polémica generada por la ausencia de debate en torno a su implantación, una de los aspectos tratados por la nueva ley de ciberdelitos, reciéntemente aprobada por el Congreso, es el acoso por redes sociales a menores de edad.

Luego de los múltiples casos registrados, la ley señala que se sancionará hasta con ocho años de cárcel a quienes contacten a través de Internet a niños, niñas o adolescentes con proposiciones de tipo sexual. 

El 'grooming' puede darse a través del chat o de las redes sociales, y con el fin de obtener del menor, por parte del acosador, fotografías, imágenes en video o textos comprometedores que luego puedan ser utilizados para extorsionarlo con fines sexuales, comercializarlos o difundirlos por Internet.

El director general de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Carlos Vásquez Ganoza, indicó: "El solo contacto virtual con esos fines constituye un delito que en la norma se combatirá, porque el Derecho debe adelantar sus barreras de protección hacia los menores y no esperar a que se materialice una posible violación sexual para intervenir". 

A consideración de Vásquez Ganoza, la pronta promulgación de la norma ayudará a llenar el enorme vacío existente en la legislación peruana acerca de delitos informáticos como el acceso ilícito o ‘hacking’ y el daño o sabotaje informático.

"Con esta nueva ley el Perú supera un atraso de 13 años en materia de lucha contra la ciberdelincuencia y se coloca dentro de los estándares internacionales, así como queda listo para firmar el Convenio de Budapest", añadió. 

El citado convenio es el primer tratado internacional de lucha contra la cibercriminalidad. En vigor desde el 2004, persigue la armonización de las leyes nacionales y el aumento de la cooperación entre naciones. Entre los delitos informáticos tipificados por el documento figuran el acceso ilícito, la interceptación ilegal, la interferencia de datos, el mal uso de los dispositivos, la falsificación informática, el fraude relacionado con la informática y los delitos relacionados con los derechos de autor y derechos conexos.

El Perú, aseveró el funcionario, es el primer país en cumplir su compromiso implementando la ley. Reveló que en su elaboración trabajaron los ministerios de Justicia, del Interior y de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial, Ministerio Público, el organismo de Gobierno Electrónico y la Asociación de Bancos.

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