Setenta funcionarios de la Policía Nacional, la Sunat, las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público están involucrados en casos de corrupción. Más de S/.150 millones comprometidos. Y un país pendiente de que se haga justicia. César Romero, periodista del diario La República, hace un recuento de los casos top de corrupción que en los próximos días deberán tener fallos del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía de la Nación.

"Diez casos abiertos por los delitos de corrupción, en los que las autoridades consideran que hay gran cantidad de recursos públicos sustraídos. Más de setenta personas implicadas en procesos que nos permitirán observar al final hasta dónde es posible luchar contra la corrupción. A partir de las pruebas recopiladas, incluso por años, los fiscales aguardan que los jueces emitan finalmente sentencias ejemplares", dice el periodista, quien no incluye los casos en los que están involucrados los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo, "por estar aún ambos en etapa preliminar: recepción de pruebas y pendiente de la presentación formal de los descargos".

A continuación la lista de casos, según los montos afectados:

Desbalance patrimonial

Principales implicados: María López Córdova (congresista fujimorista) y Erlis Johnson del Castillo Cañari

Monto: US$2’458,268.45

La congresista de Fuerza Popular María López Córdova es acusada por la fiscalía anticorrupción de haber construido y comprado, con el apoyo de su conviviente y actual esposo, las naves pesqueras Asmar 1 y Asmar 2 y otras con dinero obtenido ilícitamente entre 1996 y el 2000, cuando era secretaria de juventudes del movimiento político Cambio 90, y asistente de la entonces parlamentaria fujimorista Luz Salgado Rubianes.

Situación: El fiscal Hamilton Castro Trigoso ha pedido penas de 10 y 8 años de prisión para López Córdova y Del Castillo, respectivamente. En los próximos días, el juzgado de investigación preparatorio hará la audiencia de control de acusación, en la que se definirá si existen las pruebas suficientes para que este caso pase a juicio público.

Reelección fujimorista

Principal implicado: Alberto Fujimori Fujimori

Monto: S/.122 millones

En el marco de la investigación al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y la red de corrupción fujimorista, se concluyó que parte de los fondos presupuestales asignados a la modernización de las Fuerzas Armadas fue desviada al Servicio de Inteligencia Nacional para pagar a los 'diarios chicha', que entre finales de 1999 y junio del 2000 apoyaron la ilegal segunda reelección consecutiva de Alberto Fujimori, en las elecciones de ese año. Montesinos y los principales jefes militares de la época aceptaron los cargos y ya fueron condenados por ello.

Situación: La Sala Penal Liquidadora de Lima ha fijado para el 17 de octubre el inicio del juicio público al ex presidente Alberto Fujimori. Dado que esta sentencia no se suma a su condena de 25 años de cárcel, es probable que, como en casos anteriores, Fujimori se declare culpable y sea condenado de inmediato, aunque la postura de su nuevo abogado William Castillo Dávila es de rechazar los cargos y politizar el proceso.

Expediente se hizo humo

Principales implicados: Juan Zevallos Barreda, gerente de Inkabor; Antonio Álvarez Díaz, asesor del Tribunal Fiscal y Mario Calle Cama, abogado de la Sunat.

Monto: S/.11 millones

En el 2008, la Sunat determinó que la empresa Inkabor se acogió indebidamente al régimen de drawback (restitución de derechos arancelarios), por lo que reclamó la devolución de lo cobrado. Pero cuando el reclamo se iba a judicializar, el expediente de la demanda se perdió. La Procuraduría descubrió un acuerdo entre directivos de Inkabor, funcionarios de la Sunat, tribunal fiscal y del PJ para que la demanda se perdiese.

Situación: La fiscal superior Delia Espinoza solicitó a la Sala de Apelaciones de Lima incluir en el proceso a Inkabor, lo que abre la posibilidad a la Sunat para reclamar la deuda.

Comunicore

Principales implicados: Ángel Pérez Rodas, ex gerente municipal; Juan Blest García, ex gerente financiero; Carlos Asmat Dyer, ex gerente de Servicios a la Ciudad; Odilón Gaspar Amado, ex gerente de Relima; Miguel Garro Barrera, ex gerente financiero de Relima; Rafael Ruiz Contreras, ex presidente de Comunicore; José Luis Pinillos Broggi, ex director de Comunicore; Henry Brachowicz Vela, ex gerente general de Comunicore y Joule Vila Vila, reclutador de pobladores.

Monto: S/.7 millones

A finales del 2005, la Municipalidad de Lima reconoció y pagó una deuda a favor de la empresa Relima por S/.35 millones. Esa acreencia fue inmediatamente comprada y cobrada en efectivo por Comunicore, que solo abonó S/.14 millones a Relima.

Situación: En las próximas semanas la fiscalía deberá determinar si formula cargos contra 15 funcionarios de la Municipalidad de Lima, de Relima y Comunicore. La defensa del entonces alcalde de Lima Luis Castañeda logró que éste fuera excluido del proceso.

Petroaudios

Principales implicados: Rómulo León Alegría, ex ministro aprista; Alberto Químper, abogado tributarista; Daniel Saba de Andrea, ex presidente de Perupetro; César Gutiérrez Peña, ex presidente de Petroperú; Fortunato Canaán Fernández, empresario dominicano; Jostein Kar Kjerstad,presidente de Discover Petroleum International y Mario Díaz Lugo, empresario mexicano.

Monto: S/. 5 millones

La difusión pública de unos audios obtenidos a través de una ilegal interceptación telefónica puso al descubierto ocultas negociaciones entre altos funcionarios de Petroperú y Perupetro con personajes vinculados al ex presidente Alan García, a fin de lograr que la noruega Discover Petroleum gane una licitación para exploración y explotación de petróleo en cuatro lotes ubicados en Madre de Dios y el zócalo continental.

Situación: Antes de fin de año, la Sala Penal Liquidadora de la Corte de Justicia de Lima debe disponer el inicio del juicio público respectivo. En abril de este año, la fiscal superior Delia Espinoza solicitó penas de cinco hasta ocho años de cárcel para los implicados en este caso, por delito de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico y negociación.

Fotopapeletas

Principales implicados: Bruno de Benedetti Vargas, general PNP en retiro; Salvador Castañeda Córdova, gerente municipal; Carlos Solís Gayoso, gerente de tesorería; Julio Palza Palza, gerente de contabilidad y Aldo Esquivel Suyón, 'Loco Aldo', ex reo.

Monto: S/.349,000

La Procuraduría y la Fiscalía anticorrupción descubrieron que parte de los fondos captados por la municipalidad del Callao, por las fotopapeletas e infracciones al reglamento de taxi, terminaron en la cuenta personal del ex jefe policial en el primer puerto.

La entrega de los fondos se realizó en virtud de un convenio suscrito entre la Municipalidad y la Policía en 2007. El convenio establecía un fondo que debía ser entregado individualmente a los policías que prestaron servicios de seguridad ciudadana, y lo restante debía servir para mejorar la infraestructura policial.

Sin embargo, ese dinero restante y un monto fijo de S/. 30 mil mensuales fueron depositados en la cuenta personal del jefe policial del Callao y usada sin ningún control en pagos a informantes, como el ex recluso Aldo Esquivel, y la recuperación de vehículos robados.

Situación: La fiscalía pide penas de tres hasta ocho años de cárcel por los delitos de peculado y contra la fe pública. La acusación fue evaluada en audiencia el pasado 26 de setiembre, y en los próximos días el juzgado a cargo decidirá si el caso pasa a juicio.

Fiscalía en falta

Principal implicado: Jorge Orrego Vargas, asesor de la gerencia general del Ministerio Público.

Monto: S/.300 mil

A finales de diciembre del 2010, un empleado del Ministerio Público y dos proveedores denunciaron que un asesor del fiscal de la Nación, José Peláez, les pedía el 10% de los contratos para que ganaran las licitaciones de construcción.

Al levantarse el secreto de las comunicaciones, se descubrió que el integrante del Comité Especial de Licitaciones de la fiscalía Jorge Orrego Vargas y Flavio Martínez Morales se habían reunido con los representantes de dos empresas constructoras a las que habrían pedido 300 mil soles para ganar la licitación.

Situación: En julio, Flavio Morales anunció su intención de acogerse a la colaboración eficaz y denunció que la red que cobra por las licitaciones sigue activa en el Ministerio Público, INPE y el municipio de Jesús María. "Al gerente hay que ir a verlo con plata", afirmó.

El fiscal Domingo Pérez y las juezas anticorrupción Soledad Santisteban, Daysi Uriol y Marlene Neyra deben decidir si acogen el pedido de Morales, el único detenido por este caso, y amplían la investigación.

Narcoindultos

Principales implicados: Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales; Noelia Gómez Paulet, ex secretaria de la Comisión; Manuel Carrera Toribio, facilitador de los indultos.

Monto: indeterminado

Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de Pena, en el período 2008 al 2010, está acusado de liderar, mientras estuvo a cargo de esa comisión, una organización ilícita para cobrar a presos condenados por delitos de narcotráfico y otros graves ilícitos, a cambio de que el ex presidente Alan García les conmute sus condenas. La fiscalía señala la existencia de dos niveles funcionales en esta organización, uno operativo encabezado por Facundo, y un nivel de protección política.

Situación: Luego de lograr que se disponga la prisión preventiva de Facundo Chinguel por nueve meses, el fiscal anticorrupción Walter Delgado ha entrado en la etapa de evaluación y revisión de los cientos de expedientes de conmutación de penas, y en los próximos meses formulará acusación penal para el inicio del juicio público.    

Créditos para policías

Principales implicados: Coronel PNP Hube Alberto Escobar Zavala, gerente de finanzas del Fovipol, y Coni Natali Muñoz Espinal, secretaria del Fovipol.

Monto: indeterminado

Luego de la detención del tramitador Melitón Zapata Apolo, quien fungía de mayor PNP, la fiscalía descubrió que dentro de la estructura administrativa del Fondo de Vivienda Policial operaba una red mafiosa que para aprobar y entregar los préstamos que solicitan oficiales y suboficiales les cobraban entre 5 y 10% del monto de los créditos. A los que no pagaban les demoraban las respuesta o programaban los descuentos sin entregarles los créditos.

Situación: El caso está en investigación preparatoria y antes de fin de año la fiscalía debe proceder a formular cargos y pedir pena de cárcel contra los implicados por delitos de falsificación y asociación ilícita.

Servicios fantasma

Principal implicado: Enrique Ocrospoma Pella, alcalde distrital de Jesús María.

Monto: indeterminado

Luego de la detención del ex subgerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Jesus María Roberto Llaja Tafur, la fiscalía encontró una serie de indicios y pruebas de la existencia de una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios de dicho municipio en el cobro de cupos para licencias de construcción en el citado distrito y, además, cobros al Estado por contrato de bienes y ejecución de servicios, como mantenimiento o reparación de veredas, que nunca se realizaron.

Situación: El juez Segismundo León Velasco, del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria, deberá decidir en los próximos días si hay pruebas suficientes para llevar a juicio al alcalde de Jesús María, por dichos hechos, o todo debe archivarse.

La fiscalía anticorrupción ha pedido seis años de cárcel para Enrique Ocrospoma Pella, por delito de peculado, en función del testimonio inicial de Roberto Llaja y diversas pruebas documentales, en especial facturas falsas que se emplearon para sustentar las obras. Ocrospoma Pella niega los cargos y lo atribuye todo a una venganza de sus adversarios políticos.