La minería ilegal no es un conjunto de ciudadanos que buscan oro con sus manos, pues pertenecen a una red controlada por 'empresarios' que capitalizan grandes cantidades de dinero negro y trafican con el trabajo de los que menos tienen.

Por eso, las interdicciones que implementa el Estado buscan que las dragas -que cuestan hasta 500 mil dólares- no afecten los cauces de los ríos, pues los contaminan y generan un flujo económico ilegal que en muchos casos termina en violencia.

El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirma que se ha creado un fuerte policial con la tarea de recuperar el territorio y controlar las carreteras.

El trabajo en La Pampa, Madre de Dios, está retratado en el video y se puede observar la manera como trabaja el Estado cuando destruye la maquinaria ilegal, trabajo complicado que requiere de equipo técnico, seguridad, explosivos y -sobre todo- voluntad política.

Aunque el trabajo es largo y al avance lento hasta el momento, el trabajo se valora y se espera que sigan en esa línea a la vez que se logra -de una vez por todas- la formalización de los más de 200 mil mineros informales en toda la selva peruana.

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