José Huamán Carihano es un niño de apenas 11 años que debería estar disfrutando su infancia, rodeado de sus familiares y amigos; sin embargo, los altos índices de contaminación ambiental que existen en su pueblo hacen que él y su hermana de 10 años sufran en carne propia los efectos de este problema. Desde hace varios años los dos presentan ronchas en la piel que a veces se convierten en llagas con sangre. Según sus padres esto se debe a la exposición al agua contaminada del río Pastaza. Sus dos hermanos menores, que tomaron medidas de prevención para no exponerse al agua con residuos de hierro, aluminio y petróleo, están bien de salud. 

Cerca de 20 horas de viaje para llegar hasta la comunidad indígena de Andoas, en la selva peruana, no basta para constatar lo alejado que se encuentra este pueblo fronterizo del Gobierno y lo abandonado que se sienten por las autoridades que deberían velar por su salud y sus intereses. 

Pese a ser una de las principales zonas de producción de petróleo en el Perú, los pobladores de las 27 comunidades indígenas de la zona de influencia del lote 1AB consideran a esta actividad extractiva como un enemigo mortal desde hace más de cuatro décadas, una enfermedad que lentamente está envenenado a los principales recursos naturales que utilizan para vivir.

Los comuneros de Andoas (Loreto) son personas amables y solidarias que se sienten bajo amenaza por la fuerte presencia de la empresa Pluspetrol y del campamento que tienen sus trabajadores entre dos pueblos vecinos. Para cruzar de un lugar al otro hay que caminar cerca de 15 minutos para poder ingresar -previo permiso e identificación en las garitas de control- a la comunidad quechua Los Jardines.

Con bastante nostalgia, los Apus comentan los relatos que guardan de sus ancestros de cómo era la zona antes del ingreso de la empresa Occidental Petroleum (Oxy) y posteriormente de la Pluspetrol. En las cochas, donde hoy solo quedan restos de lagunas, familias enteras se abastecían de agua y de alimentos; sin embargo, hoy esta realidad es diferente, pues se ha convertido en una trampa mortal por los altos índices de contaminación en la zona.

Actualmente, a pesar de saber que esas están aguas envenenadas por los derrames de petróleo, centenares de indígenas siguen utilizándolas para sus actividades diarias, lo cual les ha generado diferentes males, principalmente a los niños, por la presencia de restos de hierro, aluminio y petróleo.

En medio de esta terrible escenario se encuentra una realidad aún peor: los nativos cuentan con un acceso muy limitado a recursos básicos como el agua potable (solo una comunidad cuenta con este servicio), desagüe, electricidad y, sobre todo, salud.

Si bien el Gobierno declaró en emergencia ambiental, en marzo de este año, a la cuenca del río Pastaza, la situación no deja de ser alarmante y el abandono resulta evidente. La problemática suele ser la misma de casi todos los conflictos ambientales: se identifica el problema pero se hace poco o nada por remediarlo. Es en ese contexto en el que se realizó una asamblea entre representantes de las comunidades indígenas afectadas, el Gobierno Central y la empresa Pluspetrol en la que recién se acordó que se realizaría un estudio para determinar cuánto se debería pagar por el uso de las tierras, sin acordar nada sobre la remediación e indemnización por el impacto ambiental.

El diálogo es lento, pues si bien el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Javier Macera anunció que se está alistando una reunión directa con el premier Juan Jiménez en Lima, pide calma porque el aspecto logístico demanda mucho dinero. En tanto, el presidente de la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, recrimina y exige la presencia de Jiménez y del propio presidente Ollanta Humala en la zona del problema. Mientras todo esto ocurre, miles de pobladores siguen envenenándose día a día.

Dato: El lote 1-AB, explotado por Pluspetrol, ha generado controversia en los últimos años. Hace unos meses, el periodista británico David Hill, del diario The Guardian, alertó sobre la posibilidad de que la empresa Pluspetrol opere en el Parque Nacional del Manu, donde está prohibido expresamente el aprovechamiento de recursos naturales.

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