El Ministerio Público solicitó la restricción de la libertad del alcalde de la provincia cusqueña de Espinar y los dirigentes del Frente de Defensa, Herbert Huamán y Sergio Huamaní, por las protestas contra la empresa minera Xtrata Tintaya desarrolladas entre el 21 y el 30 de mayo del 2012.  

Vale recordar que en aquella oportunidad dos campesinos perdieron la vida, mientras policías y civiles resultaron heridos cuando más de tres mil manifestantes intentaron ingresar al campamento de la empresa minera. Los espinarenses reclamaron por la contaminación en los ríos causada por la minera así como el incremento el aporte de la empresa extractiva para la comuna. Este conflicto impulsó la creación de una Mesa de Diálogo entre dirigentes y autoridades de los tres niveles de gobierno.

La acusación argumenta que el alcalde Mollohuanca y los dirigentes locales supuestamente habrían cometido los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, disturbios, apología del delito, y fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos.

Esta investigación inició en mayo del año pasado y fue remitida a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica ya que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial consideró que no existían garantías para los fiscales si la investigación se desarrollaba en Cusco. Por ello, la titular de dicha fiscalía, María Ley Tokumori, presentó la acusación final al Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica y Supranacional de Delitos de Convulsión Social solicitando diez años de prisión contra los dirigentes.

La petición de prisión (4 años) también alcanza a los miembros del Serenazgo de Espinar Ezequiel Quehue Choqueccota, Juan Antonio Huaytapuma, Daniel Condori Vilca, Roger Chullo Caballero y Romualdo Ttito Pinto, a quienes se les intervino en unas camionetas del municipio que supuestamente trasladaban bombas molotov en camionetas del municipio. La Fiscalía también solicitó una reparación civil de 100 mil nuevos soles, la cuál sería pagada solidariamente por todos los acusados.

Sin embargo, para la abogada de la organización Derechos Humanos sin Frontera, que brinda apoyo legal a los acusados, la “acusación es débil y sin fundamentos". “Creemos que es una presión política por parte del Estado. La fiscal no se tomó su tiempo (actuó rápido) para formular su acusación” señaló la asesora legal según La República.

En ese sentido, Herbert Huamán, señaló que la acusación en contra suya y de otros dirigentes es una demostración de que el gobierno y la empresa minera han presionado al Ministerio Público como venganza por las protestas y amedrentamiento contra otros líderes.

Esta apreciación fue compartida por el líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, quien además señaló que deberían darse a conocer los avances de la fiscalía sobre las denuncias de torturas y sembrado de armas a los miembros de la Vicaría de la Prelatura de Sicuani, hechos ocurridos en las intalaciones policiales que existen dentro del campamento minero de Xtrata.

Fuente: Varias