Se ha convertido en la piedra en el zapato de este gobierno. Quizá no la única, pero sí una bastante incómoda que debe ser sacudida como sea. Eduardo Vega está a la cabeza de la Defensoría del Pueblo desde la renuncia de Beatriz Merino en 2011 y ha ejercido, de acuerdo a ley, las funciones propias del cargo, sin embargo, desde la gestión de Ollanta Humala no se han cansado de considerarlo un simple 'reemplazante', llamándolo, desde el presidente hasta el premier, el 'interino'.

¿Pero a qué responde esta evidente animadversión del Ejecutivo a quien en la práctica defiende los derechos e intereses de todos los peruanos? El periodista Ricardo Uceda recoge en una crónica publicada en La República, los desencadenantes de la guerra entre la gestión humalista y el Defensor del pueblo.

Servicio militar: El pasado junio el Poder Judicial decidió declarar procedente la medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo para que el sorteo que tenía como fin obligar a miles de jóvenes a realizar el servicio militar. El presidente de la República y el ministro de Defensa no ocultaron entonces su molestia por haberlos dejado con el sorteo prácticamente montado, acusando este último a dicha institución de no tener "una vocación de diálogo, sino una vocación de crítica pública, beligerante frente el Ministerio de Defensa".

Secreto de Estado: En febrero pasado Fernando Castañeda, adjunto de Asuntos Constitucionales, redactó un acción de inconstitucionalidad que pretendía anular el Artículo 12 del Decreto Legislativo 1129 que vuelve secreta cualquier información sobre seguridad nacional. El documento presentado ante el TC no hizo mucha gracia al Gobierno, y los procuradores del Estado en este caso así como el del servicio militar sostuvieron lo mismo que Humala: Vega no es realmente el Defensor del Pueblo.

Antauro: En marzo de 2012 el hermano del presidente de la República fue trasladado del penal de Piedras Gordas al centro de reclusión Virgen de la Merced alegando razones de seguridad. La Defensoría pidió entonces explicaciones al INPE sobre dicha decisión, ya que resultaba ilógico sacar a un interno de uno de los penales más seguros del país por razones de seguridad.

Consulta previa: Desde la Defensoría se ha insistido en la necesidad de publicar la lista de las comunidades indígenas que deben ser sometidas a la consulta previa, ya que esta incluye a pueblos ubicados en zonas andinas, algo que va en contra de la decisión del Gobierno que solo pretende realizar consulta a comunidades de la selva.

Conflictos sociales: Desde el despacho de Eduardo Vega se busca mantener el sistema de evaluación de los conflictos sociales, algo a lo que la PCM se opone aduciendo que se exagera el número de los mismos. Tras fracasar el convenio que planteaba la publicación de un solo reporte, se creo solo la versión oficialista que solo contabiliza las protestas contra el Ejecutivo.

Candidatura de Nadine: El Defensor del Pueblo señaló que una ley impedía la primera dama tentar eventualmente a la presidencia de la República , algo que fue considerado prácticamente una intromisión desde Palacio.

Alan: Finalmente, una de las gotas que rebalsaron el vaso de la paciencia nacionalista fue el suscribir un informe que demostraba que la Megacomisión no había respetado el debido proceso en la investigación al exmandatario Alan García.