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La CGTP no se deja amenazar

Principal gremio de trabajadores anuncia una marcha para este 27 de julio contra la Ley del Servicio Civil pese a la denuncia previa que le ha impuesto el Gobierno a sus máximos dirigentes.

Publicado: 2013-07-24

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha convocado a una marcha para este 27 y 28 de julio en rechazo a la recientemente aprobada Ley del Servicio Civil, que establece un régimen único y exclusivo para quienes prestan servicio en las entidades públicas estatales.

El secretario general de este gremio, Mario Huamán, pidió que se derogue la ley -o se modifiquen los puntos más cuestionados- por considerar que vulnera los derechos de los trabajadores y la estabilidad laboral. Además citó como ejemplo al reciente rechazo ciudadano tras la polémica elección de los miembros del Tribunal Constitucional. "Cuando a nosotros no se nos escucha el país pierde", dijo. 

El dirigente comentó que están llamando a una asamblea nacional para un paro público próximamente, por lo que llamó a la reflexión para recuperar la paz laboral, pues, según dijo, el gremio exige un servicio civil sin argollas, sin cupo y en base a la meritocracia que respetando los derechos.

Por otro lado, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Miguel Ñique, reafirmó la naturaleza pacífica de la marcha y rechazó la actitud del Poder Ejecutivo, el cual, a través de la cuarta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, ha denunciado penalmente, a manera de prevención, a las cabezas de los sindicatos que marcharán el 27 y 28 de julio.

"El mismo Estado está usando un arma psicológica, no solo con los dirigentes, sino con sus familias", señaló, luego de acusar que los dirigentes han sido notificados en sus casas, no en el local de la CGTP.

Según agregaron los dirigentes que ofrecieron una conferencia de prensa, la denuncia no ha sido aceptada y expresaron su sorpresa por la rapidez de la Fiscalía para expedir las notificaciones. Por este motivo, informaron que se han pedido veedores a la Defensoría del Pueblo para el día de la marcha.

De otro lado, el vicepresidente de la CGTP, Olmedo Auris Melgar, cuestionó que en el país no existe una ley general de trabajo, además que se hayan encarpetado las demandas en lugar de encontrar una solución.

"El Presidente está en deuda con la central de trabajadores de país porque se comprometió en cumplir sus demandas", dijo. "El objetivo es convertirnos en esclavos del sigo 21", agregó.

Informó que para estas actividades se está sumando los estatales de Lima y Callao, como los fonavistas y los universitarios, además que el 25 de este mes tendrán un diálogo y el día 28 evaluarán el mensaje a la Nación, en una reunión donde esta invitado el padre del presidente, don Isaac Humala.

El vicepresidente de la CGTP reiteró que la mordaza que ha intentado poner el Gobierno a este gremio no frenará la movilización del 28, pues según explicó el objetivo de la protesta es que Humala no dé por cerrado la ley de servicio civil.

Algo que llamó la atención de la conferencia de prensa fue que, pese a que varios dirigentes pusieron énfasis en que se trata de una marcha pacífica, al punto de contar con veedores, Alberto Campos, de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE), declaró abiertamente que "no nos responsabilizamos de un movimiento popular". Sin embargo, la secretario general de la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (UNASSE), minimó esta afirmación al considerarla una frase personal.

En declaraciones a LaMula.pe, Ana María Lizárraga comentó que en la reunión que tuvo el gremio con el presidente Humala el pasado 16 de julio, el jefe de Estado se limitó a escuchar las propúestas, aunque resaltó su disposición al diálogo. No obstante se mostró sorprendida ante la reciente denuncia previa por cualquier acto de violencia que pudiera ocurrir en sus manifestaciones.

La Ley del Servicio Civil, propuesta por el Ejecutivo, busca ser el marco legal que fomente la mejora de la calidad de los servicios públicos, además de incorporar a la meritocracia como uno de los principales criterios para la promoción laboral en el Estado. El centro del debate está en un posible atentado contra los derechos laborales de los trabajadores.

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Escrito por

Ego Agurto

Historiador del minuto.


Publicado en

Redacción mulera

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