El audio revelado un día antes de la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional deja claro los términos en que toman decisiones entre las distintas fuerzas políticas del Congreso.

Sin embargo, si bien es cierto que el Congreso es por naturaleza un espacio de negociación política, cabe preguntarse cuál es la frontera del toma y daca para acordar cuotas de poder en el Estado. Sí aceptamos que es válido decidir en función de intereses ...¿cuáles intereses son admisibles y cuáles no lo son?

La "negociación" en sí misma no es una mala palabra. El Congreso es el ente del Estado donde se debaten y acuerdan temas de política nacional, lo que requiere permanentemente la búsqueda de equilibrios y de espacios de poder, es decir, de negociaciones.

El tema de fondo no es la negociación en sí misma, sino la materia y los mecanismos de la negociación. En este caso, la flagrante falta ética está en privilegiar el "reparto" de los cargos, obviando que en la decisión debe primar la evaluación de las credenciales profesionales y los compromisos básicos con los principios que deben custodiar las instituciones materia de la decisión.

En esta oportunidad, nuestros legisladores, al dejar de lado ello, firmaron un cheque en blanco. Y hay fuerzas políticas decaídas, como el toledismo, necesitados de cargos visibles, que refuercen su presencia en el gobierno... o como el fujimorismo, envalentonado, que puso en mesa a alguien que encarna lo peor de sus filas: conducta antidemocrática demostrada y ligada a la violación de derechos humanos. 

En un Estado de derecho democrático como el Perú este límite no se puede transgredir.

La teoría política de hoy dice que los parlamentos deben ser órganos que permitan llegar a acuerdos intermedios sobre políticas públicas a través del debate. En ese sentido, el problema de la "repartija" -y el malestar social que genera- tiene que ver, por un lado, con el conflicto de intereses que suponen ciertos personajes y las causas que defienden. En el caso de Sousa, aún cuando saquemos de la escena sus servicios legales a Fujimori, nos queda su representación como abogado del Clan Sánchez Paredes. 

El problema de fondo es la representación. Hay que empezar por los sistemas electorales y de partidos, una reforma que permita un debate de fondo y donde la ciudadanía sea siempre la beneficiada. 

Por el momento, esta elección es un retroceso en instituciones que se estancarán y enervarán la ira de la ciudadanía, sobre todo la de los jóvenes. El mismo presidente Humala ha pedido la renuncia de los magistrados cuestionados y ha insinuado que también la nueva Defensora del Pueblo debe dar un "paso al costado". ¿Atenderá esta recomendación Pilar Freitas? ¿Rolando Sousa dejará pasar esta oportunidad? ¿Eguiguren y Blume tendrán un gesto "ético"?

Hay que tener una buena dosis de desparpajo para quedarse en un puesto producto de una "repartija".