En Lima, lamentablemente, no resulta extraña la práctica de invadir terrenos, es decir, apropiarse de suelo sobre el que no se tiene propiedad. Esta ha sido la forma de hacerse de un hogar de millones de familias que ocupan terrenos públicos o destinados a otros usos para allí levantar su vivienda mientras libran una larguísima lucha por legalizar su situación, encontrándose en el camino a veces con la estafa, la corrupción y, casi siempre, con la condena social.

Pero qué sucede cuando la invasión la realiza una gran empresa constructora. ¿Es la condena de las autoridades igual de enérgica con aquellos que en lugar de esteras siembran concreto?

El último miércoles la municipalidad de Barranco aprobó llevar a subasta pública un terreno del acantilado que pertenece al distrito, lugar donde se erige desde hace ocho años el exclusivo edificio Aquamarina, ubicado en la Av. 28 de Julio N° 450. La constructora Kalandar International Perú SAC -hoy El Ancla Group-, construyó sobre metros del terreno en los que no tenía propiedad, sin informarlo de forma adecuada a la Municipalidad, entonces liderada por Antonio Mezarina. El exalcalde, notificado del hecho por la propia constructora que dijo solo había usado 2 m2 de más, cedió en uso el terreno e hizo caso omiso de los reclamos de los vecinos, que además protestaban por el uso indebido del espacio público adyacente a la edificación, que a la postre fue recortado para construir el acceso a los estacionamientos de Aquamarina.

El caso revivió en 2012, cuando El Ancla Group SAC no pudo inscribir su propiedad en Registros Públicos, ya que el metraje declarado no calzaba con el real. La constructora había terminado utilizando más de 100 m2 que no le pertenecían. Para subsanar la observación, la empresa se vio forzada a informar a la Municipalidad de Barranco que "por error" había ocupado más terreno que el que había dado cuenta inicialmente. Acto seguido, ofreció comprar el terreno a la municipalidad y dar por finalizado el asunto. Así de fácil.

Increíblemente, la gestión actual, liderada por la pepecista Jessica Vargas, ha cedido a la voluntad de "arreglar" de la empresa. Si bien no se trata de una venta directa, con nombre propio, sino de una subasta pública, será bastante difícil encontrar un comprador para un terreno ya construido, y superar la suma que el propietario "de facto" ha puesto sobre la mesa: US$ 157, 620, más una indemnización de US$ 355, 670.

Votaron a favor de la subasta los regidores: Teniente Alcalde Horacio Jesús García Bustamante, Rafael Aldo Celiz Castillo, Carolina Mc Callock Silva, María Tolentino Leyva y José Alberto Ramírez Espinoza. Se abstuvo la regidora María Angélica Noriega Costas y votó en contra el regidor José Antonio Ayulo Chávez.

Según Aldo Celiz del PPC, uno de los cinco regidores que votaron a favor de la medida, la cantidad que ofrece la constructora es una oportunidad a no desaprovechar. Celiz, quien sustentó la decisión en la sesión del miércoles, declaraba hace unos días que la operación era como "vender un Chevrolet a precio de un Mercedes. Se les está cobrando más (a la empresa) de lo que estipula el mercado para un terreno de este tipo y eso es algo que mucho de los vecinos no terminan de entender".

Para los vecinos no existe otra solución que no sea la demolición del edificio. Sin embargo, la comuna barranquina considera que ello sería demasiado engorroso. De acuerdo a un comunicado emitido este jueves, la decisión "se sustenta en el hecho de que se trata de un edificio construido por completo y que ha sido vendido por departamentos a terceras personas, quienes han comprado departamentos a título oneroso y de buena fe; por lo tanto han adquirido derechos de propiedad que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico" .

Aunque el municipio insista en negarlo ¿no sienta esto es un mal precedente? ¿Mañana podremos adueñarnos de terrenos y sólo con admitir que fue un 'error' y pagar una suma de dinero podremos 'subsanarlo'? Según la gestión liderada por el PPC en Barranco, sí, sí se puede.