Los tres magistrados del Tribunal de Mayor Riesgo se han negado a juzgar de nuevo al exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt. La decisión se tomó a pesar de la orden emitida en este sentido por la Sala Primera de Apelaciones tras ratificar el fallo de la Corte Constitucional (CC) que anula la sentencia por la que fue condenado a 80 años por genocidio.

La Sala Primera de Apelaciones ha ratificado este lunes la decisión adoptada el pasado 20 de mayo por la CC, según la cual las irregularidades que han salpicado el proceso judicial obligan a retrotraer todas las actuaciones judiciales al 19 de abril, lo que supone la anulación de la sentencia.

Así, la sala ha ordenado al Tribunal de Mayor Riesgo que asuma el caso en las próximas 24 horas y dé trámite a la recusación presentada por la defensa de los exmilitares contra Jazmín Barrios y Pablo Xitumul —dos de sus tres magistrados— por supuesta parcialidad.

La Sala Primera de Apelaciones quedó constituida el pasado viernes con Frank Martínez como presidente, Ramón Francisco González Pineda como magistrado segundo y Juan José Rodad Martínez como magistrado tercero.

La Corte Suprema de Justicia tuvo que consultar a hasta 59 suplentes, después de que los titulares se inhibieran.

Anulación de sentencia

Los cinco magistrados de la CC se reunieron el pasado 20 de mayo, con varios días de retraso, para analizar el recurso de queja, el petitorio y las dos solicitudes presentadas por la defensa para destituir al Tribunal de Mayor Riesgo por el caso Ríos Montt.

Tras diez horas de deliberación, decidieron por tres votos a favor y dos en contra admitir los recursos por las irregularidades que han salpicado el proceso judicial, dejando sin efecto todas las actuaciones judiciales desde el pasado 19 de abril, lo que supone la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo.

Los dos votos en contra de la decisión corresponden al magistrado Mauro Rodrigo Chacón, que representa a la Universidad San Carlos, y a la magistrada Gloria Porras, que representa al Gobierno, aunque fue nombrada por el Ejecutivo de Álvaro Colom (2008-2012).

Los dos magistrados han considerado que la CC se ha extralimitado porque no le corresponde anular las actuaciones judiciales por irregulariddes, ya que para ello ya hay un recurso en vía ordinaria, y han advertido de que el fallo es "ambiguo", por lo que "deja desprotegidas a las víctima".

Con información de Efe y Europa Press