Una ley promovida por el gobierno del expresidente Alan García permitió que en ese entonces los extranjeros sentenciados por tráfico ilícito de drogas no pagaran la reparación civil que le debían al Estado a cambio de que cumplan sus condenas en sus países de origen.

En 2008, la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández, explicó ante el Congreso que el objetivo del gobierno de García era deshacinar las cárceles peruanas; sin embargo explicó que uno de los principales problemas para enviar a 1094 presos con condena -en su mayoría burriers- era el pago de la reparación civil.

Por este motivo argumentó que “en una rápida operación de costo-beneficio" resultaba más costoso al Estado mantener a un interno de esta condición por varios años y dejar de lado el pago de la reparación civil que, además, el reo no tendría cómo pagar.

En diciembre de 2008, el pleno del Congreso, presidido en ese entonces por el aprista Javier Velásquez Quesquén, votó a favor del proyecto presentado por la ministra Fernández y de este modo se eliminó el pago de reparación civil para reos extranjeros porque, supuestamente, iban a ser repatriados.

Lo más sospechoso de este tema es que, según el programa “#EsNoticia”, esto se habría usado también para rebajar las penas de algunos presos por tráfico de drogas, en lugar de enviarlos a sus países de origen para que cumplan toda su condena.

Este es el caso de Jorge Luis Mata Salazar y Pedro Gerardo Díaz Fuentes, a quienes en el 2008 primero se les rebajó la condena y luego se les envió a México.

Ese año el gobierno mexicano solicitó la repatriación de 16 mexicanos condenados por tráfico ilícito de drogas que cumplían condena en cárceles peruanas. Sin embargo, previamente, el presidente Alan García firmó una resolución en la que le redujo la pena a Mata Salazar a solo 4 años.

Por su parte Díaz Fuentes, quien había sido sentenciado a 13 años de prisión por el mismo delito, tuvo una rebaja de condena a solo seis años y seis meses. Recién en diciembre de 2010, es decir, dos años después de haber sido requerido por su país, fue repatriado.

Para el presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, no era necesario que el gobierno de Alan García le redujera la condena a reos extranjeros porque la ley promovida por la ministra Rosario Fernández les permitía enviarlos a su país a que cumplan su pena completa.

“Si había algún tipo de convenio, si había una repatriación para que cumplan su pena en su país, ¿por qué conmutarles la pena? ¿Por qué no dejar que cumplan efectivamente su pena allá?”, se pregunta el congresista de Gana Perú.

Con información de Diario.16