APRODEH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunciaron en audiencia privada ante la Corte Interamericana el desacato absoluto por parte del Estado peruano de la Sentencia emitida el pasado 22 de septiembre de 2009 por dicho Tribunal en el caso Anzualdo Castro vs. Perú.

En su fallo, el Tribunal determinó que el Estado era responsable de la desaparición forzada del estudiante de 25 años Kenneth Ney Anzualdo en 1993, así como por la violación de los derechos a la integridad personal, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de sus familiares. 

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado la adopción de una serie de medidas con el fin de reparar el daño causado y asegurar que hechos como estos no se repitan.

El Estado debía presentar un informe acerca de los avances en el cumplimiento de estas medidas en el mes de octubre de 2010. Sin embargo, y a pesar de los requerimientos de la Corte y de las gestiones realizadas por los familiares de las víctimas, hasta la fecha, el Estado no ha presentado información alguna.

De hecho, a más de 3 años de emitida la sentencia, el Estado no ha adoptado una sola medida para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte. Cabe destacar que algunas de ellas son de fácil implementación, tales como la publicación de la sentencia, la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad y el pago de indemnizaciones.

En materia de justicia, no existen avances en la determinación de las responsabilidades penales por estos graves hechos o en la determinación del paradero de la víctima, medidas que son esenciales para mitigar el dolor que aún experimentan los familiares de Kenneth Ney Anzualdo Castro.

CEJIL y APRODEH también denunciaron que el Estado peruano sigue estigmatizando a Kenneth Ney Anzualdo y su familia, señalando supuestos vínculos con organizaciones terroristas a pesar de que en su sentencia la Corte reconoció el sufrimiento causado por este tipo de afirmaciones, pese a que las investigaciones seguidas en su contra, fueron desestimadas en su momento por las autoridades peruanas.

Los representantes solicitaron a la Corte de manera enérgica la atención al Estado peruano por el desacato absoluto de sus obligaciones surgidas de la sentencia en cuestión y lo inste para que a la brevedad posible adopte medidas para corregir esta situación.