No basta que durante la dictadura murieran o desaparecieran 250.000 personas, la mayoría indígenas y civiles, y que miles de mujeres fueran víctimas de violencia sexual. El exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt se salva de la cárcel, al menos por el momento.

Las presiones por la anulación de la condena dictada la semana pasada, tras una recusación planteada por los abogados defensores, han funcionado. Así, tres de los cinco magistrados de la Corte Constitucional votaron a favor de la invalidación de la pena.

Como se recuerda, la sentencia de la jueza Yasmín Barrios fue acompañada de un cántico de las víctimas presentes en la sala: “ Aquí solo queremos ser humanos, comer, reír  enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla”, sentenciando sus plegarias con un: “Sí hubo genocidio”.

La alegría duraría poco. Ahora las reacciones son dispares. Los sectores más conservadores criticaron con dureza el juicio contra el exdictador y demandaron la anulación de su condena, con el propósito de deslegitimar a los impulsores del juicio. El propio presidente del país, Otto Pérez Molina, que ha negado que hubiera genocidio en Guatemala y que se ha visto salpicado por el proceso judicial ya que fue jefe de inteligencia militar en la dictadura, remarcó hace una semana que la sentencia contra el exdictador no era definitiva.

“Si no se resuelve la impunidad del pasado, se instala la impunidad en el presente”

En contraposición, organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo consideraron la condena ahora anulada como un primer paso contra la impunidad y hacia la justicia. “Si no se resuelve la impunidad del pasado, se instala la impunidad en el presente”, señalaba hace unos días en eldiario.es Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala.

Ahora, las voces de protesta califican la anulación de "golpe devastador" para las víctimas, como indicó la ONG Amnistía Internacional o la organización humanitaria Hijos de Guatemala.

"Las bases legales de este fallo no están claras y tampoco se sabe cómo el tribunal pueda darle al botón de reinicio para volver a la situación en la que nos encontrábamos a mediados de abril", ha declarado Sebastián Elgueta, de Amnistía, quien ha añadido que el Constitucional "ha puesto en peligro el derecho a la verdad, a la justicia y a las reparaciones en Guatemala".

Estas organizaciones siguen de cerca los acontecimientos judiciales. Las víctimas insisten en que la presión social y mediática es clave para el avance de la justicia y de los derechos humanos, en un momento en el que el juicio ha acaparado la atención internacional.

Por ello, los activistas piden en las redes sociales que no se olvide el caso. “No aparten la vista de Guatemala, por favor”, afirma un joven guatemalteco, así como mensajes de lamento: "El dictador se ríe de nuevo de sus víctimas".

Con información de El País y diario.es