Rafael Videla murió mientras era juzgado por su rol en la coordinación del Plan Cóndor. De los 106 casos que comprenden el juicio, 44 no podrán proceder, por ser Videla el único imputado. Estos casos incluyen decenas de víctimas de Brasil y unas diez víctimas de Bolivia y Perú. 

Quedan también en el aire seis juicios orales, en uno de los cuales Videla estaría en el banquillo, también como único imputado, frente a más de 550 víctimas. 

Este "escape" de la justicia será el definitivo. Ya antes había conseguido evadirse: en 1990 el entonces presidente Carlos Menem, le indultó la cadena perpetua que le dictó la Cámara Federal en 1985, por “66 homicidios doblemente calificados por alevosía e intervención de tres o más personas, cuatro tormentos seguidos de muerte, 93 tormentos, 306 privaciones ilegales de libertad calificadas por violencia y amenazas y 26 robos”.

El año 1998 fue detenido por el robo de bebés, causal que no pudo ser comprendida en las llamadas leyes de obediencia debida y de punto final. 

En 2010, por el fusilamiento de 31 presos recibió nuevamente cadena perpetua. Con él, se condenó a Luciano Benjamín Menéndez y a otros 28 represores. Durante ese juicio dijo “Los enemigos de ayer están hoy en el poder y desde él intentan establecer un régimen marxista, a la manera de Gramsci, que puede estar satisfecho de sus alumnos”.

En 2012 sumó 50 años de prisión por el robo de 20 bebés, que la sentencia consideró una práctica "sistemática y generalizada" que llevó a cabo su régimen. La presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta dijo entonces que a diferencia del primer juicio, en esta ocasión sí pudo probarse "que la sistematización estaba: estaba la práctica de secuestro, tortura, cautiverio, desaparición de la madre y desaparición del niño”. En ese juicio, Videla habló: “Muchas parturientas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de ser combatientes”.

Otros juicios pendientes son el del Operativo Independencia, desplegado por las Fuerzas Armadas desde antes del golpe de la Junta Militar, para sofocar a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo, en Tucumán y  también el caso del asesinato del obispo Enrique Angelelli, muerto durante una persecución en auto tras salir de una misa por la muerte de dos sacerdotes católicos.

Con información de Página12, Telam, memoriaabierta.org.ar