El gobierno de Ollanta Humala debe ser coherente y cumplir la promesa de la consulta previa incluyendo a las comunidades campesinas que garantiza la seguridad alimentaria, afirma en un comunicado la Confederación Nacional Agraria (CNA).

"Solicitamos se respete el principio de la legalidad por todos los poderes del Estado y se aplique el derecho a la consulta previa con el mandato que otorga la Ley y el Convenio 169 OIT. Esperamos igualmente que desde el Viceministerio de Interculturalidad podamos contar con funcionarios entendidos en derechos colectivos de los pueblos originarios e indígenas", señala la CNA.

A continuación, compartimos el comunicado de la CNA:

La Confederación Nacional Agraria, expresa su gran preocupación ante la crisis demostrada en el Poder Ejecutivo por las continuas contradicciones entre los funcionarios al abordar el tema del derecho a consulta previa para los pueblos e indígenas. Contradicciones que incluso han llevado al propio presidente de la Republica Ollanta Humala, a negar el derecho de autodeterminación de los comunidades indigenas ubicadas en los andes y así excluirlas del derecho a la Consulta.

Manifestamos que las comunidades campesinas en el Perú, somos la base social que provee los alimentos a las familias peruanas a nivel comunal, local, regional y nacional, , garantizando la seguridad alimentaria; y sobre todo manteniendo el germoplasma diverso de los frutos, granos y tubérculos para el futuro.

Recordamos a las autoridades competentes que desde el siglo XIX somos comunidades indígenas, y que muchas comunidades campesinas contamos incluso con Títulos coloniales, también expresamos que el reconocimiento a nivel internacional se ha uniformizado como pueblos indígenas plasmado en instrumentos jurídicos como el Convenio 169 OIT y otros, que indican incluso que las diferentes denominaciones que tengan no anula el derecho.

Por lo tanto, en el marco del dialogo intercultural solicitamos se respete el principio de la legalidad por todos los poderes del Estado y se aplique el derecho a la consulta previa con el mandato que otorga la Ley y el Convenio 169 OIT. Esperamos igualmente que desde el Ministerio de Interculturalidad podamos contar con funcionarios entendidos en derechos colectivos de los pueblos originarios e indígenas y que sobre todo tenga el aval de las organizaciones indígenas como se hicieron en otras gestiones, a fin de iniciar los procesos de consulta pendientes y generar de manera conjunta las condiciones para ello.

En este contexto de despegue económico de nuestro país, las comunidades campesinas del ande a quienes se nos pretende negar el Derecho de Consulta, pensamos que esta coyuntura es importante para nuestro futuro y del país, ya que se está definiendo un modelo de desarrollo para el Perú, por ello no se puede continuar con la improvisación, mucho menos orientarnos solo por razones económicas dando preferencia a un sector que promueve el agotamiento de nuestros recursos y la afectación de nuestras vidas, la producción agraria y nuestras culturas.

Nosotros concebimos la inclusión social, con plena participación de las representaciones de las comunidades, pueblos originarios e indígenas, para construir una democracia real, y el derecho de Consulta garantizará una verdadera inclusión social.