Las diferencias entre los informes acerca de los conflictos sociales del Ejecutivo (Willaqniki) y los reportes de la Defensoría del Pueblo se deben a la particular manera de entender que es un 'conflicto' y a que los informes del gobierno no comprenden todos los casos de conflictos sociales en el Perú, sostiene el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, Rolando Luque Mogrovejo.

Mientras la Defensoría del Pueblo registró un total de 233 conflictos, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) solo reconoció 66. A continuación, compartimos el artículo de Luque Mogrovejo, publicado en el blog de la Defensoría del Pueblo:

¿A qué se debe la diferencia tan marcada entre el reporte de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que registra 60 conflictos sociales a marzo del 2013, y el de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta de 224? La respuesta más rápida a esta pregunta la da la propia ONDS en su reporte de febrero (“Willaqniki” Nº 3, pág. 5) en el que dice: “El presente informe no debe ser visto como un compendio estadístico de la conflictividad social en el país, sino más bien como un reporte y análisis de los casos que se atienden desde la PCM, con un enfoque de prevención, diálogo y solución pacífica de conflictos”.

Esta afirmación no deja dudas sobre la amplitud del monitoreo de conflictos de la PCM. Está claro que solo se extiende a los casos enmarcados dentro de las competencias del Poder Ejecutivo. ¿Son estos todos los conflictos en el Perú? Evidentemente, no. Hay conflictos en los que intervienen gobiernos regionales (la construcción del hospital materno-infantil de Juliaca), gobiernos locales (la reubicación de La Parada), conflictos entre comunidades (problemas de tierras entre Soras y San Pedro de Larcayen en Ayacucho) o los conflictos electorales que se activan con ocasión de elecciones o revocaciones. Es decir, la realidad de los conflictos se extiende a todo el país y la tipología para organizar la información debe tratar de abarcarla.

Pero el asunto no queda ahí. Hay, además del abocamiento a “sus casos” y de la restricción de su tipología, por lo menos dos aspectos adicionales. Según la ONDS, el conflicto se inicia con una amenaza a la gobernabilidad o el orden público”. Esta afirmación traducida a hechos coloca a la violencia como elemento definitorio del conflicto; algo que no compartimos. La violencia es la expresión perversa del conflicto, pero no es constitutiva del conflicto mismo sino una posibilidad. En el Perú más de la mitad de los conflictos se han manifestado de manera pacífica a través de distintos medios. Además, sugerir que conflicto y violencia son lo mismo contradice la idea del conflicto como una oportunidad para el cambio y, lo que es peor, convierte peligrosamente a los actores sociales en presuntos enemigos del Estado o de la ley.

El segundo aspecto tiene que ver con lo siguiente: allí donde lo más graneado de la teoría y gestión de conflictos ve “fase temprana” o “estado de latencia” de un conflicto, la ONDS ve “diferencias y controversias”. Y quizá la explicación esté en el párrafo anterior: si el conflicto empieza con la violencia, resulta lógico en este esquema que los hechos anteriores a la violencia no se puedan denominar conflicto. La consecuencia en este caso es una especie de acortamiento retórico del ciclo real del conflicto una subvaloración de los hechos, que afecta el enfoque preventivo.

Todo esto hace que estemos ante dos reportes que no son completamente comparables. Se entiende entonces, por qué sus cifras difieren ostensiblemente. No obstante ello y tal como lo advertimos hace nueve años, cuando empezamos nuestro trabajo en prevención y gestión de conflictos, toda estrategia en esta materia requiere de una herramienta de monitoreo que alerte de los riesgos, y que active el análisis de las demandas sociales y el diseño de planes de intervención razonables y oportunos.

No obstante el uso de cifras en los reportes, no estamos ante una realidad matemática, y compartir información es una práctica que ayuda a completar las narrativas de los conflictos. Por eso, es una buena noticia que el Gobierno cuente con un sistema de monitoreo y que publique su información. Además, ha incluido en su discurso la idea del conflicto como oportunidad; ha reconocido su complejidad y revalorado el diálogo. Y en ese camino nos vamos encontrando.

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Informe sobre conflictos de la PCM difiere considerablemente del reporte de la Defensoría.