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Chavín de Huántar: armando el rompecabezas

Publicado: 2013-04-22

Hace 16 años una fuerte explosión dio inicio a la operación de rescate más sonada en la historia del Perú: Chavín de Huántar. Aplaudida por el Estado y las fuerzas políticas y militares, cuestionada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, esta acción permitió que los rehenes sometidos por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fueran liberados, a excepción de uno.

Hay muchas historias en torno a esta operación y sobre todo un sonado juicio a algunos efectivos acusados de ejecuciones extrajudiciales, lo cual ha generado discrepancias y enfrentamientos entre el oficialismo y los familiares y abogados de los emerretistas caídos. A continuación recordamos un informe que La Mula.pe publicó el año pasado

¿Qué fue la Operación Chavín de Huántar?

Fue la operación militar llevada a cabo el 22 de abril de 1997 para liberar a los rehenes de la Embajada de Japón tras 126 días de encierro. La noche del 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) tomaron la residencia del embajador Morihisa Aoki durante la celebración del Día del Emperador. Dentro de la recepción habían alrededor de 700 invitados, entre ellos, militares, jueces y ministros de Estado. En los días siguientes, liberaron a las mujeres, el personal de servicio y a un grupo de rehenes, y permanecieron con 72.

Néstor Cerpa, líder del MRTA, exigía la liberación de 370 camaradas en la cárcel, incluida su pareja, Nancy Gilvonio. El 18 de diciembre, a la vez que comenzaba la negociación con Cerpa, los generales de la Dirección de Fuerzas Especiales (DIFE), José Williams Zapata, Luis Alatrista y Augusto Jaime Patiño, recibieron el encargo de resolver la crisis, y convocaron a 142 hombres, muchos egresados del Batallón 19 de la Escuela de Comandos, y otros de la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

¿Qué otra salida hubiera sido posible?

Presionado por la diplomacia internacional, el entonces presidente Alberto Fujimori buscó una salida negociada a través de una Comisión de Garantes, integrada por el arzobispo de Ayacucho, Juan Luis Cipriani, el embajador de Canadá y exrehén, Anthony Vincent, y el delegado de la Cruz Roja, Michael Minnig.

En enero, Fujimori declaró: "Sólo en el caso que hubiera daños en la integridad física de los rehenes, entonces el gobierno peruano, en coordinación con el de Bolivia y Japón, adoptaría otras medidas".

Durante el verano, el expresidente viajó a Toronto, Washington y Londres, en busca de un país que acogiera a los terroristas a cambio de la liberación de los rehenes. En marzo, Fidel Castro se ofreció a recibirlos en Cuba, pero Cerpa rechazó la oferta, y alegó que Fujimori creaba "falsas expectativas" y solo quería desviar la atención del tema principal: la demanda por la liberación de sus 370 camaradas. Más tarde, el número exigido bajaría a 20.

¿Cómo se preparó la Operación Chavín de Huántar?

Williams, Alatrista y Jaime trabajaban desde diciembre en el plan de operaciones 'Nipón 96'. "El objetivo era llegar al interior de la residencia al mismo tiempo y por diferentes lugares del perímetro", declaró Williams a Caretas el 2010. Luego de pensar en una incursión en parapente y ala delta, se decidieron por excavar seis túneles que llegaran a la sala, el comedor, la biblioteca y el jardín. Se contrató un grupo de mineros de La Oroya para excavar los pasillos subterráneos, que le darían el nombre a la operación: Chavín de Huántar, por los túneles del monumento arqueológico.

El personal seleccionado inició su preparación hacia la quincena de enero. Entre los 140, había comandos especializados en intervenciones rápidas, expertos en manejo de explosivos, francotiradores, y hombres hábiles en la lucha cuerpo a cuerpo.

Gracias a la información recogida por el personal de inteligencia, los comandos conocieron al enemigo, su armamento y capacidad de lucha. Estudiaron la ubicación de los explosivos, los subversivos y los rehenes. Además, memorizaron los rostros de cada uno de los rehenes, transformados por el cautiverio, para evitar errores durante la incursión.

Los tres generales de la DIFE coordinaban la operación con Nicolás Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., recibían información del SIN de Montesinos, y comunicaban todo a Fujimori. Según Williams, "el tema estuvo bien amarrado por Fujimori y Montesinos, pero en términos operativos no tenían nada que hacer". Todos estuvieron presentes en el ensayo, en una réplica en tamaño real de la residencia. Tiempo de la operación: 12 minutos.

El 6 de marzo de 1997, La República reveló la existencia de un plan de intervención, preparado por comandos peruanos y estadounidenses, para ingresar por túneles a la residencia del embajador. Los subversivos del MRTA ya se habían percatado del ruido de las excavaciones, que los militares intentaron ocultar con música a alto volumen. Cerpa suspendió las conversaciones con el gobierno y los garantes, y decidió trasladar a los rehenes al segundo piso.

¿Cómo se desarrolló la operación?

En los cuatro meses, la Cruz Roja había ingresado cartas de los familiares de los rehenes, y elementos para que se distrajeran durante el encierro. Dentro de las cartas habían mensajes en clave; dentro de termos, una biblia y una guitarra, había instrumentos de comunicación y vigilancia, que permitieron seguir los movimientos del MRTA dentro de la residencia.

Militares y policías rehenes (22 en total) recibieron micrófonos y minirradios para preparar el escape. El vicealmirante Luis Giampietri, entonces director del Instituto del Mar, dio la señal de atención. Podían ingresar.

A las 2:43 p.m. del martes 22 de abril, un túnel con explosivos explotó debajo del salón, donde ocho subversivos jugaban fulbito. Seis de ellos murieron en el acto. Los demás comandos, armados con HKM25 con silenciador, salieron de los otros túneles e ingresaron a la casona. Las patrullas Alfa (32 comandos) y Beta (38), con Williams a la cabeza, se dividieron el primer nivel; detonaron explosivos en puertas y ventanas, y abrieron boquetes en las paredes, por los que ingresaron para disparar a los emerretistas, que huían hacia el segundo piso. Los comandos seguían la técnica israelí de tres disparos, y así abatieron a Néstor Cerpa en la escalera principal.

Los grupos de evacuación, seguridad y francotiradores ingresaron al segundo nivel por la escalera lateral y la de servicio, dispuestos a rescatar a los 72 rehenes. "Estábamos preparados para salvarlos sobre nuestro propio sacrificio", señaló Williams a agenciaperu.com en el 2002. El comandante EP Juan Valer se agachó para proteger a Francisco Tudela, entonces canciller, y murió por una bala que le perforó el pulmón y el riñón. En el primer piso, fallecieron el teniente EP Raúl Jiménez y el juez de la Corte Suprema, Carlos Giusti, único rehén abatido.

La operación finalizó a las 3:23 p.m., 40 minutos después de iniciada, con 71 rehenes libres y los 14 emerretistas muertos. Sus cadáveres no fueron llevados al Instituto de Medicina Forense para la autopsia de ley, sino a la morgue del Hospital de Policía. No se permitió que los familiares identificaran sus cuerpos, y los enterraron en tumbas sin nombre, en diferentes cementerios de Lima.

Los comandos de élite Chavín de Huántar fueron reconocidos con ascensos, pero el grupo se disolvió después de la operación.

¿Cuáles fueron las reacciones al éxito de la operación?

La comunidad internacional elogió la intervención: Chavín de Huántar era la operación de rescate más exitosa de la historia. En una entrevista concedida a El Comercio en diciembre de 1997, Fujimori se adjudicó el logro, y excluyó a Hermoza: "Yo diseñé la operación Chavín de Huántar". Era el hombre de la 'mano dura' con el terrorismo.

El 23 de abril, un día después del rescate, los garantes emitieron un acta en la que indicaban que siempre buscaron la salida pacífica al problema, y que la operación militar estuvo exclusivamente a cargo del gobierno. Para Vincent, embajador de Canadá, "la intervención militar, bajo esas circunstancias, fue justificable".

¿Por qué el gobierno optó por la solución más violenta? En el documental 'Lima Siege', de Discovery Channel, la periodista Sally Bowen opina que fue por humillación: "[Los del MRTA] hicieron quedar como estúpidos a los servicios militares y de inteligencia. La mayoría de los 14 guerrilleros eran muy jóvenes y venían de la selva. Aunque finalmente no obtuvieron lo que buscaban, mancillaron el orgullo de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia. Debían vengarse".

En los días siguientes al rescate, algunos periodistas recogieron testimonios de los rehenes, que indicaban haber visto a terroristas rendidos. ¿Por qué ninguno había sobrevivido? ¿Hubo violaciones de derechos humanos? Los entrevistados, entre ellos el exministro de Agricultura, Rodolfo Muñante, se retractaron luego.

¿Cuándo se volvió la mirada sobre las ejecuciones extrajudiciales?

En mayo de 1999, el diario japonés Asahi Shimbun recogió la declaración del diplomático y exrehén Hidetaka Ogura, que afirmaba haber visto cómo tres subversivos se rindieron ante los comandos en la Operación Chavín de Huántar. Ogura lo reiteró un año después, en su libro 'El diálogo obstruido'.

Por medio de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), los familiares de los emerretistas fallecidos presentaron una denuncia ante la Fiscalía. La Procuraduría para casos de Derechos Humanos ordenó las exhumaciones, que se realizaron en marzo del 2001.

Se encontraron cráneos con orificios de bala de atrás para adelante, difícilmente realizados en combate, entre otras heridas en el resto del cuerpo. Uno de los cuerpos tenía solamente un disparo en la cabeza: el de Eduardo Cruz Sánchez, 'Tito'.

¿Quiénes habrían sido los responsables de las ejecuciones?

Los 'gallinazos', grupo de agentes del SIN que ingresaron a la residencia 14 minutos después del inicio de la operación, estaban cubiertos por pasamontañas. Según el exministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, estos agentes "no participaron en el combate, aunque estuvieron en los alrededores del rescate [...] Se infiltraron en la misma para hacer labores distintas a las de los comandos de élite”.

Los 'gallinazos' estaban “encabezados por un mayor, y bajo las órdenes de los coroneles Roberto Huamán Azcurra, Jesús Zamudio Aliaga y otro de apellido Meza Pardo”. Zamudio y Huamán eran hombres de confianza de Vladimiro Montesinos, y mantuvieron comunicaciones con el jefe del SIN durante la operación.

Según un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, el expresidente Alberto Fujimori dio la orden de "no tomar ningún MRTA vivo".

¿Qué dicen los testigos?

Hidetaka Ogura y el general Máximo Rivera, exjefe de la policía antiterrorista y exrehén, coinciden en señalar que tres miembros del MRTA se rindieron durante la operación, y habrían sido asesinados luego del rescate. Rivera corroboró con otros exrehenes la versión de Ogura, que menciona que vio a un emerretista en el jardín de la casa contigua a la residencia, boca abajo y con las manos atadas (por la descripción, se trataría de 'Tito'). Según el diplomático, un militar lo regresó por el túnel a la embajada, donde habría sido asesinado.

Los suboficiales Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, comandados por Zamudio, señalaron que atraparon a 'Tito' cuando intentaba huir entre los rehenes, lo retuvieron en posición de cúbito dorsal en la casa vecina. Luego, se habrían comunicado con Zamudio, que envió un comando para devolverlo a la residencia.

¿Cuál es la versión de los acusados? ¿Cuál es la de los comandos?

En el 2002, el coronel EP Jesús Zamudio indicó a Caretas que durante el rescate estuvo encargado de la seguridad perimétrica de la embajada, y luego acató la orden del general EP José Williams Zapata de “evitar el cruce de fuegos entre la seguridad externa -que ignoraba el momento del ataque- y los operativos”. Sin embargo, esta foto de Caretas revela que Zamudio también estuvo en la zona posterior de la residencia.

El general EP en retiro Augusto Jaime Patiño, uno de los jefes de la operación, declaró en el 2002: "Nunca hubo una orden de matar a los terroristas. Actuamos como soldados profesionales, no como asesinos. Al contrario, pese a todo, respetamos sus derechos humanos". Agregó que el coronel EP Roberto Huamán Azcurra no perteneció al grupo que rescató a los rehenes.

El coronel EP en retiro Hugo Robles, ex comando Chavín de Huántar, señaló que no sabía de la existencia de los 'gallinazos', y que lo comprobó a través de las fotografías. Agregó que José Williams Zapata debe responder por la presencia del grupo en la residencia, porque él era el jefe de la operación.

Williams ha declarado que sabía que el SIN registraría la operación en video, pero que desconoce si los agentes realizaron ejecuciones extrajudiciales.

¿Existe un proceso abierto por las ejecuciones extrajudiciales?

En mayo del 2002, el fiscal Richard Saavedra formuló una denuncia ante el juzgado penal especializado de Lima. El 11 de junio del mismo año, dicho juzgado abrió un proceso judicial contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra, Jesús Zamudio Aliaga, los generales EP en retiro Augusto Jaime Patiño y José Williams Zapata –jefes militares de la operación Chavín de Huántar–,  y otros trece integrantes del comando militar, por homicidio calificado en agravio de varios integrantes del MRTA.

Poco tiempo después, la justicia militar abrió un proceso penal militar contra las mismas personas por los mismos hechos. En agosto, la Corte Suprema resolvió la contienda de competencia, y determinó que los integrantes de la operación fueran juzgados por la justicia militar, y Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio permanecieran en el Poder Judicial.

La justicia militar absolvió a los comandos por falta de pruebas. En el fuero común, el juicio contra el otro grupo se encuentra en su tercer juicio oral. La tesis presentada por el Ministerio Público argumenta la existencia de una cadena paralela de mando encargada de las ejecuciones extrajudiciales. La semana pasada, la Fiscalía sustentó el pedido de 20 años de prisión para  Montesinos, 18 años de prisión para Hermoza, y 15 años para Huamán y Zamudio (aún prófugo).

Carlos Rivera, coordinador del Instituto de Defensa Legal (IDL), explica que la reciente demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene que ver con la irregularidad de que el fuero militar juzgue un delito contra los derechos humanos:

La CIDH concluye que, efectivamente, en el presente caso existe una violación al derecho a la vida y a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados en la Convención Americana. Por ello, recomienda que las investigaciones del caso deben ser llevadas a cabo por el fuero ordinario, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a todos los autores intelectuales y materiales.

[...] La CIDH concluye que la intervención de la justicia militar fue ilegal y ello necesariamente debe conllevar la anulación del proceso penal militar. Ello es perfectamente posible y legal. Ya hace 11 años, y justamente por recomendación del sistema interamericano, la justicia militar tuvo que anular los procesos judiciales que de manera ilegal había desarrollado contra Montesinos, Hermoza y otros, por el caso del crimen en Barrios Altos.

[...] Es imprescindible hacer algunas precisiones de carácter penal en este caso. En la actualidad, es perfectamente posible marcar una línea divisoria en el tiempo entre la operación militar Chavín de Huantar y las ejecuciones extrajudiciales contra los emerretistas. A estas alturas, es un hecho demostrado que las ejecuciones se perpetraron en los momentos inmediatamente posteriores al fin de la operación militar, y que habrían sido realizadas por elementos del Servicio de Inteligencia Nacional –los llamados gallinazos– al mando del Coronel PNP Jesús Zamudio. Estos elementos eran extraños a la operación militar.

Además, existe un proceso pendiente contra Alberto Fujimori, que depende de la presentación de una solicitud de ampliación de la extradición a Chile por parte del Estado.

La historia de lo sucedido en el marco de la Operación Chavín de Huántar sigue incompleta hasta la fecha.

Con motivo de la demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diversos grupos políticos y medios de comunicación han utilizado el tema para su conveniencia, pero lo cierto es que la Corte procesa a Estados, no a individuos.

¿Quiénes son los héroes de la patria? ¿Quiénes los criminales? ¿Quién daba órdenes a los 'gallinazos'?

Nadie mejor que el Estado puede responder a esas preguntas, separar a quienes deben ser reconocidos de quienes deben ser condenados.

Completar la historia del rescate de los rehenes de la embajada de Japón se convierte en una necesidad moral con los peruanos y la comunidad internacional, con la seguridad de que cada pieza esté, por fin, en su lugar.

A continuación el documental 'Nipón 96', de Jorge Luis González (2008):

Por Liliana Michelena (@lilimichelena)

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Escrito por

Liliana Michelena

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Publicado en

Redacción mulera

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