(EFE).- Al menos 15 adolescentes se fugaron el sábado del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, aunque nueve de ellos fueron capturados en las últimas horas, informó el Poder Judicial peruano.

La fuga se produjo a las 20.18 hora local del sábado y los evadidos fueron liderados por cinco mayores de edad integrantes de las organizaciones criminales "La gran familia", "El cholo Isique" y "Las panzonas".

Según la Corte Suprema de Justicia, los evadidos "redujeron y agredieron físicamente a los educadores sociales y agentes de seguridad que los custodiaban" antes de fugarse.

El director del Centro Juvenil, Adolfo Cachay Sánchez, reportó el hecho al Ministerio Público (Fiscalía) y a la Policía Nacional para perseguir a los fugitivos, 9 de los cuales ya han sido detenidos.

"El Poder Judicial investiga presuntos actos de corrupción y negligencia de los trabajadores que se encontraban de turno el día de los hechos", añadió el Poder Judicial.

Recordó, además, que ha pedido al Congreso la aprobación urgente de los proyectos de ley sobre adolescentes infractores "con el fin de detener el incremento de la violencia juvenil en el país, así como evitar la desestabilización de los centros juveniles" que administra ese poder del Estado.

Los centros juveniles albergan actualmente a 1.615 internos, de los cuales 547 son mayores de edad, quienes pueden permanecer hasta los 21 años en esos lugares, de acuerdo a la ley peruana, señaló la información oficial.

"Esto origina que los líderes negativos de mayor edad influyan en los menores y los inciten a cometer actos violentos que desestabilizan el normal funcionamiento de los centros juveniles y ponen en riesgo la integridad física del personal y de los demás adolescentes", añadió.

El Poder Judicial indicó que las bandas de delincuentes están captando a menores de edad, a los que se les interna en centros juveniles por un máximo de 6 años, y que ha aumentó el número de adolescentes internos con perfiles de gran peligrosidad, vinculados a organizaciones criminales, integradas por sicarios y extorsionadores, entre otros delitos.

"Esta situación hace vulnerable las instalaciones de los centros juveniles, que no presentan el mismo rigor en cuanto a la seguridad que los centros penitenciarios, los cuales cuentan con la presencia de efectivos policiales", concluyó.