Una decena de compras, contrataciones y negociaciones secretas de armamento que se hicieron durante el segundo gobierno aprista son sometidas a una exhaustiva auditoría por la Contraloría General de la República. Los casos fueron reportados por la Inspectoría General del Ministerio de Defensa, entre diciembre del 2012 y febrero del presente año.

El internamiento en el Perú de cinco tanques chinos MBT-2000, que desfilaron en Lima el 8 de diciembre del 2009, como parte de una negociación para la adquisición de dichos vehículos de combate, es uno de los casos que se encuentran bajo investigación.

"La compra me parece muy acertada y ya se han suscrito los preacuerdos para pasar a ver los pagos", dijo Alan García a la agencia Andina en 2009.

Sin embargo, las negociaciones sufrieron un revés cuando La República reveló que el gobierno de Ucrania advirtió a China que no estaba autorizada a vender a Perú los MBT-2000 porque la tecnología del motor y del sistema de transmisión eran de su propiedad.

La 'compra secreta': Una historia de irregularidades

El 6 de abril del 2010, el ministro Rey informó del congelamiento indefinido de la adquisición. Alegó que el gobierno había establecido que su prioridad era la guerra contra Sendero Luminoso en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y que los recursos se destinarían hacia ese objetivo. El gobierno de China no se creyó la explicación, ya que el mismo presidente García fue quien garantizó la suscripción del contrato.

De acuerdo con la investigación que hizo la Inspectoría General del Ministerio de Defensa, los chinos se negaron a la devolución de los cinco tanques con el argumento de que habían sido engañados por los peruanos que habían prometido la compra.

Debido al desacuerdo entre el gobierno de García y Norinco, los tanques permanecieron dos años almacenados en el Centro de Mantenimiento de Blindados (Cemablin) del Fuerte Rímac. Los chinos no deseaban abonar un centavo por la repatriación de los vehículos. Hasta que el 4 de julio del 2011, finalmente fueron despachados a su país de origen, a pocos días de que concluyera el segundo gobierno aprista, con dinero del Ejército.

Lo que se quería ocultar: Compra de tanques  que el ejército no necesitaba originó pérdida de US$ 5 millones de fondos públicos

Según la comunicación de la Inspectoría General del Ministerio de Defensa a la Contraloría, se deben establecer responsabilidades por el frustrado contrato con Norinco porque las negociaciones implicaron el gasto de recursos del Estado. Según los estimados, la devolución de los cinco tanques pudo haber implicado un desembolso de 5 millones de dólares de fondos públicos, según el Ejército.

Un hecho llamativo que despertó la atención de las autoridades es que virtualmente no existía documentación en el Ministerio de Defensa sobre las negociaciones con los chinos.

La Inspectoría se tomó varios meses para obtener copias y pocos originales, lo que implicaría la intencionalidad de que no quedara evidencia de la frustrada compra.

"Toda la operación de compra secreta estuvo plagada de irregularidades. Para comenzar, se escogió adquirir los tanques chinos MBT-2000 no obstante que el Comité Técnico Operativo para la Selección de Vehículos Blindados (CETO) informó que el vehículo asiático no correspondía a las características establecidas por el Ejército", dijo un general del Ejército en retiro que en su momento participó en el proceso y que pidió el anonimato.

"No era el tanque que el Ejército necesitaba, pero se escogió el MBT-2000 por decisión política".

En auditoría: Compra de tanques, aviones UAV y contrataciones para remodelaciones

Fuentes de la Contraloría confirmaron que el caso de los tanques chinos es sometido, efectivamente, a una auditoría, así como otros nueve incidentes reportados por la Inspectoría General del Ministerio del Interior.

Entre ellos se encuentra la compra de tres aviones espías no tripulados UAV para apoyar las actividades inteligencia del Ejército en el Vraem por 3,5 millones de soles.

Se otorgó la buena pro para las adquisiciones el 26 de abril del 2010 y el 10 de diciembre del mismo año, el primero en la gestión de Rafael Rey y el segundo en el periodo de Jaime Thorne.

Un informe del Servicio de Comunicaciones del Ejército (SCOME) reporta que los aparatos desde que llegaron al Perú se encuentran inoperativos, lo que afecta seriamente las labores de inteligencia en el Vraem.

El principal motivo de la deficiencia es que los aviones UAV adquiridos durante el gobierno aprista no son los que había requerido el Servicio de Comunicaciones del Ejército.

También ha llegado al despacho del contralor Fuad Khoury una relación de adquisiciones y contrataciones que se hicieron en el periodo 2006-2011 bajo la figura del secreto militar, cuando no correspondía hacerlo con esa modalidad excepcional.

Por ejemplo, la rehabilitación de las instalaciones sanitarias de la Escuela Técnica del Ejército, modernización del sistema de administración del Ejército, remodelación de la base de Infantería de la Marina en Ancón y la construcción de una cuna-jardín para subalternos de la Marina en Lima, entre otros.

Las autoridades buscan establecer la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron sin justificación los gastos bajo secreto militar.

(Resumen de una investigación de Ángel Páez para La República. Se puede leer el artículo completo aquí)