El ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, fue entrevistado con motivo de la publicación de su libro "Más allá de Conga" en coautoría con Alejandro Diez. En la entrevista destacó los avances institucionales derivados del conflicto en Conga en Cajamarca, como la creación de una comisión multisectorial destinada a mejorar las condiciones en las industrias extractivas y la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Del mismo modo, señaló que se trata de un episodio que aún no se ha zanjado y por ello es importante reflexionar sobre las lecciones que nos deja.

"Para utilizar los criterios de la Defensoría del Pueblo, se trata de un conflicto latente, y que lo que ha pasado en el Perú en los últimos 20 años, y en el mundo, en torno a conflictos sociales, muestra que para que un proyecto minero sea viable tiene que construir por lo menos 4 viabilidades: la técnico-productiva, la financiera, la ambiental –que en teoría se construye a partir de estos instrumentos que insisto no están actualizados–, y la social. Si un proyecto no tiene viabilidad social la casuística muestra que los proyectos no van." señaló.

Al respecto, precisó que el concepto de “licencia social” por el que se quejan los empresarios fue generado por la propia industria y definido en el Consejo Internacional de Minería y Metales. Señaló también que es importante sacar lecciones del conflicto, por ello en el libro se busca presentar la agenda legítima detrás de los conflictos para plantear reflexiones en términos de institucionalidad y políticas públicas.

En esos términos, consideró que la institucionalidad en el sector ambiental es todavía precaria y genera desconfianza en parte de la población, mientras que en términos de gestión pública los Estudios de Impacto Ambiental, que son las herramientas que permiten aprobar o desaprobar un proyecto minero, no han sido actualizados e incluso han sido considerados como ‘desfasados’ por organismos como el Banco Mundial, por lo que planteó la necesidad de evaluaciones ambientales estratégicas que permitan medir el impacto acumulado de las diversas explotaciones.

Fuente: La República