"El presidente Ollanta Humala sabe bien que una de las razones por las que fue elegido fue por su promesa de restablecer el orden público. La inseguridad ya era uno de los mayores problemas del país en el 2011 y el electorado votó por él por considerar que era el más calificado para enfrentarla. Hasta el momento, la opinión pública ha valorado que Humala continúe con el crecimiento económico y se comprometa con la inclusión social, pero ya han pasado casi dos años de su elección y la presión por ver resultados en el campo de la seguridad será creciente", dice Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. A continuación, compartimos su análisis sobre el reciente Barómetro de las Américas, que permite dilucidar si la inseguridad es percepción o realidad.

Hace algunas semanas, el Ministro del Interior Wilfredo Pedraza sostuvo que la inseguridad ciudadana era esencialmente una percepción y que la situación no era tan grave. La desafortunada declaración generó un rechazo muy amplio y casi le cuesta el puesto. La pregunta, sin embargo, quedó flotando en el ambiente: ¿Es tan grave la delincuencia en el Perú como, por ejemplo, en Méjico o Venezuela?

El Barómetro de las Américas[i] del 2012 tiene la respuesta. En primer término, no cabe duda que los peruanos tenemos una elevada percepción de inseguridad. De hecho es la más alta entre los 26 países investigados. El Perú, seguido de Venezuela, es el país donde la población expresa una mayor preocupación por la posibilidad de ser víctima de un asalto. Pero se equivoca profundamente el Ministro cuando sostiene que es sólo una percepción. A la pregunta de si el entrevistado ha sido víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses, el Perú ocupa nuevamente el primer lugar, con 28%, empatado con Ecuador. La respuesta a esta crucial pregunta, que mide la victimización, es de 23% para México y 19% para Venezuela. Es decir, la delincuencia es más grave en el Perú que en casi cualquier otro país de la región.

La percepción del Ministro de que la inseguridad no es tan grave en nuestro país puede deberse a que, según el Barómetro, solo el 17% de los robos en el Perú son a mano armada mientras que en Venezuela son el 50%. O a que la tasa de homicidios en el Perú ha sido habitualmente menor que en otros países de la región. La mala noticia es que esta situación está cambiando aceleradamente.

En realidad, son por los menos cuatro las “bombas de tiempo” que el gobierno debe desactivar en el campo de la seguridad. Naturalmente a la ciudadanía lo que más le preocupa es la delincuencia común, de la que es víctima cotidiana. Menos evidentes pero potencialmente más graves son el narcotráfico, el terrorismo y los conflictos sociales. El narcotráfico es especialmente dañino por su poder corruptor y por el incremento de la violencia que genera, de la cual el sicariato es solo una faceta. En el caso del terrorismo, la “bomba de tiempo” puede estallar literalmente en cualquier momento: Los remanentes de Sendero Luminoso que operan en el VRAEM pueden atentar contra recursos estratégicos – como el gaseoducto de Camisea – y eventualmente desarrollar otras acciones armadas.

Los conflictos sociales son quizá la “bomba de tiempo” más compleja de desactivar porque movilizan a muchas personas humildes y honestas, que han sufrido maltratos históricamente y que por ello son profundamente desconfiadas. Por lo tanto, su solución no es primordialmente policial. El problema surge cuando estas personas, azuzadas por grupos extremistas, se integran en una turba que bloquea carreteras o atenta contra bienes públicos y privados. En este caso, se transforma en un problema de seguridad, que además tiene un impacto inmediato en la actividad productiva.

El presidente Ollanta Humala sabe bien que una de las razones por las que fue elegido fue por su promesa de restablecer el orden público. La inseguridad ya era uno de los mayores problemas del país en el 2011 y el electorado votó por él por considerar que era el más calificado para enfrentarla. Hasta el momento, la opinión pública ha valorado que Humala continúe con el crecimiento económico y se comprometa con la inclusión social, pero ya han pasado casi dos años de su elección y la presión por ver resultados en el campo de la seguridad será creciente.

Enfrentar la inseguridad requiere especialización: No es lo mismo enfrentar la delincuencia común que el crimen organizado, un movimiento subversivo o los conflictos sociales. Son especialidades diferentes. Pero en todas ellas se requiere liderazgo, estrategia, recursos y apoyo político. El respaldo del Ejecutivo es fundamental pero no es suficiente.

De la misma manera como la controversia marítima con Chile generó un equipo multipartidario de muy alto nivel que representó al Perú ante el tribunal de la Haya, del mismo modo, el Presidente debería convocar a los mejores especialistas – sin distingos de su posición política – y el apoyo de la oposición para lograr revertir el deterioro de la seguridad interna. Es difícil que una idea así prospere cuando se cocina una interpelación al Primer Ministro, pero quizá sea justamente la oportunidad para plantearla.

[i] El Barómetro de las Américas forma parte del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) de Vanderbilt University que representa el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en el Perú. Las encuestas del Barómetro las aplica Ipsos en el Perú. Ver más en http://www.vanderbilt.edu/lapop/peru.php

Tomado de SemanaEconómica.com