Augusto Álvarez Rodrich comenta las observaciones y actitudes del presidente Ollanta Humala y las críticas, de varios, a propósito del servicio militar obligatorio y la multa que deberán pagar los que no lo realicen. Compartimos su columna de La República.

En vez de reconocer oportunamente el error de haberse comprometido con un sistema militar obsoleto, inconstitucional y discriminatorio, el presidente Ollanta Humala optó, con arrogancia e impericia, por mantener invicta una peligrosa vocación por la terquedad y –lo que seguro ocurrirá en los días siguientes– recién cambiar cuando se estrelle contra la pared del sentido común.

Este servicio militar camuflado de voluntario que se vuelve obligatorio si no se cubren las plazas requeridas por las fuerzas armadas, y en el que un ‘sorteado’ tendría que entregar dos años de su vida contra su voluntad salvo que él y su familia paguen el peaje a la libertad equivalente a casi dos sueldos mínimos y medio (S/.1,850) es, para decirlo de un modo claro y directo, un mamarracho discriminador que es increíble que pueda ser defendido por un gobierno que dice defender la inclusión.

Ante las críticas planteadas por varios frentes a este sistema de servicio militar, el gobierno ha tenido una reacción arrogante y hasta absurda.

Para empezar por el presidente Humala, quien ha dicho que “hay políticos que se quieren tirar el servicio militar”, lo cual es una forma poco ingeniosa e inefectiva de contrarrestar observaciones bien sustentadas.

Las respuestas del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, son más elaboradas que las del presidente, pero tampoco abordan el problema de fondo de un servicio que no contribuirá a la formación de los jóvenes ni fortalecerá a las fuerzas armadas.

El ministro sostiene que la ley con el sistema de sorteo se dio durante el gobierno de Alan García pero que nunca se aplicó y que, luego, la actual administración la reglamentó mediante una delegación de facultades legislativas que nadie objetó, ni el Congreso ni la Defensoría, ni nadie.

Cateriano tiene razón, pero eso podrá servirle para compartir culpas mas no para defender con terquedad un servicio militar mal planteado, absurdo y discriminatorio.

Las críticas son tan amplias que han hecho coincidir a un almirante en retiro de la bancada fujimorista con la responsable del tema de defensa del IDL, y a gente sensata que al inicio respaldó a Humala, como Henry Pease, a dudar de los valores democráticos esenciales del presidente.

El gobierno pudo aprovechar lo ocurrido para reconocer que hay problemas, y que va a proponer, recogiendo las críticas, un nuevo sistema que sea democrático y que, en realidad, potencie a la fuerza armada.

Pero eso requiere visión amplia, abrir la cancha, pericia política, y vocación para apostar por los principios e intereses de largo plazo antes que por las actitudes y las pataletas. Más capacidad de estadista, menos reacciones de un fosforito, que es como a veces responde, lamentablemente, el presidente Humala.

Fuente: La República