El Senado de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Víctimas, que fue impulsada por un grupo de activistas que consideran insuficiente la legislación actual, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto hace menos de tres meses. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis.

Durante la discusión, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió hacer cambios al documento y confrontó a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Todas las propuestas de los panistas fueron rechazadas por la mayoría de los legisladores. La Ley General de Víctimas establece las normas para que el Estado atienda a las personas afectadas por la violencia en México.

Esta normativa fue promulgada a principios de enero, pero algunos diputados consideraron que necesitaba ajustes. En febrero, presentaron a senadores de varias bancadas una propuesta de cambios, entre los que plantean definir que los familiares de una víctima serán catalogados como víctimas indirectas y obligar a que el Estado otorgue 0.014 por ciento de su gasto programable anual al fondo de atención a víctimas.

También proponen reducir de nueve a siete el número de integrantes de la Comisión Ejecutiva Federal que administrará el fondo y atenderá los casos de ciudadanos afectados por la violencia.

La reformas aprobadas rediseñan el enfoque de justicia restaurativa para que las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito "tengan el derecho a la verdad, el justicia, la reparación integral y las garantias de no repetición".

La iniciativa fue adoptada por el PRI y el PRD. El PAN expresó reservas con el documento y esta semana presentó sus propios planteamientos.

Fuente: TeleSUR