“Debe cumplirse la ley de Dios”, ha respondido el príncipe Miteb a los familiares de los siete jóvenes condenados a muerte en Arabia Saudí, a quienes hace apenas una semana dio la esperanza de que su caso iba a ser revisado.

Los siete fueron declarados culpables de robo a mano armada hace cuatro años en un juicio que apenas duró tres horas, en el que no tuvieron abogado y que les responsabiliza de un delito cometido cuando varios de ellos eran menores de edad. El supuesto cabecilla de la banda será además crucificado tras el fusilamiento.

“Les van a matar mañana”, asegura Mohamed Al Utaibi en una llamada desesperada desde Abha, la ciudad meridional en la que se hallan encarcelados.

Al Utaibi es amigo de varios de los condenados y como otros familiares y allegados se ha movilizado para tratar de impedir su ejecución. Estaba entre los dos centenares de personas que se desplazaron hasta Riad para pedir clemencia al rey Abdalá.

Justo la víspera de la fecha inicialmente prevista para el ajusticiamiento (el martes 5), Miteb, hijo mayor del monarca y jefe de la Guardia Nacional, recibió a un grupo de ellos y les dio a entender que se retrasaba la sentencia para revisar el caso. Sin embargo, el pasado domingo los jóvenes se enteraron por los guardias de la prisión de que aún les esperaba el cadalso.

“Las ejecuciones van a llevarse a cabo el miércoles por la mañana, sin duda”, asegura a esta corresponsal Ali al Ahmed, conocido opositor saudí y director del Institute for Gulf Affairs en Washington. “Miteb Bin Abdalá, que la semana pasada prometió que se pospondrían una semana, ahora les ha dicho a las familias que “tiene que cumplirse la ley de Dios”, añade.

Arabia Saudí sigue una estricta versión de la Sharía (ley islámica), que incluye castigos físicos de reminiscencias bíblicas como la crucifixión, las amputaciones o la flagelación. Al carecer de un código penal escrito, las sentencias quedan al arbitrio de cada juez.

Además, no garantiza la asistencia letrada y los procesos giran en torno a las confesiones de los acusados, motivos todos ellos que le han granjeado las críticas de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Los siete jóvenes de Abha han denunciado torturas e intimidaciones, algo que las autoridades niegan.

Fuente: Diario El País