Para el sociólogo Fernando Tuesta Soldevilla, en una sociedad con instituciones débiles, pobre cultura democrática y partidos no consolidados, plantear una revocatoria resulta un enemigo para vivir en democracia. Si a eso le sumamos reglas de juego mal diseñadas, como es nuestro caso -explica el especialista- las autoridades quedan totalmente desprotegidas.

Mientras en otros países para revocar a una autoridad la valla es más alta, en tanto la autoridad es de mayor jerarquía, en nuestro caso eso no se produce. La ley señala que para solicitar la revocatoria se debe presentar la adhesión del 25% del padrón de la circunscripción, hasta un máximo de 400 mil. Resulta que el único lugar que llega ese máximo es Lima, por lo que los 400 mil resultan siendo solo el 6.7% del padrón. La capital y sus autoridades están menos protegidas.

Un segundo elemento -agrega- es que la solicitud de revocatoria para una autoridad específica. Pese a que alcaldes y regidores ingresan, por el método de lista cerrada y bloqueada. Es decir, sin voto preferencial. Esto enfrenta a los electores, a decidir sobre el futuro de una autoridad sin conocer, en la gran mayoría de los casos, siquiera el nombre de los regidores.

Finalmente, indicó que un tercer elemento sería la condición para revocar a una autoridad. "La ley 26300 señalaba que se requería la mitad más un voto del número de electores, para que la revocatoria proceda", señaló.

Sin embargo, la norma se modificó para considerar el universo con el que se porcentualiza, los votos válidos. Es decir, la suma solamente de los votos por el SÍ y por el NO. Por ejemplo, si van a sufragar mil electores, en el primer caso se necesitaría por lo menos 501 votos para revocar a una autoridad. En cambio en el segundo caso, se podría revocar hasta con 167 votos. La diferencia es considerable y la desprotección de la autoridad, mayúscula.

Fuente: Diario La República