En Chile, empresarios chilenos criticaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que esta exige el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, lo cual entra en conflicto con las actividades extractivas.

"La interpretación de dicho convenio ya está provocando un impacto concreto en la carpeta de inversiones, que Sonami había estimado en US$ 100 mil millones para los próximos 10 a 12 años. Durante los últimos meses esta cifra se ha visto disminuida en un tercio, debido a diversos obstáculos, justamente entre ellos el mencionado convenio, que en varios casos ha judicializado y paralizado algunas iniciativas de inversión", dice una nota del diario La Tercera de Chile.

A continuación, les compartimos la nota completa:

En setiembre próximo, se cumplirán cuatro años de la entrada en vigencia en nuestro país del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece disposiciones sobre pueblos indígenas y tribales. Creo que es necesario revisar el impacto que ha tenido su aplicación en el desarrollo de proyectos en Chile, tanto energéticos como mineros.

El negocio minero, que es esencialmente de largo plazo, está basado en un desarrollo sustentable integral. Ello significa pasar de un desarrollo pensado en términos cuantitativos a uno de tipo cualitativo, donde se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos económicos, ambientales y sociales en un marco institucional democrático y participativo, capaz de aprovechar las oportunidades que supone avanzar en estos tres ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en desmedro del otro.

En consecuencia, para nuestra industria resultan de suma importancia las comunidades en el desarrollo de iniciativas de inversión y, por tanto, hemos promovido relaciones basadas en la comprensión mutua. Ello, con el propósito de lograr una colaboración de beneficio durante todo el ciclo de vida del proyecto. Sin embargo, frente a la aplicación del convenio, hemos observado con preocupación las interpretaciones respecto de la piedra angular del mismo; me refiero al proceso de consulta.

El convenio ha sido esgrimido por diversas comunidades indígenas para dejar sin efecto la aprobación ambiental de proyectos de inversión debido al supuesto incumplimiento del deber de consulta establecido. A raíz de esto, los tribunales han rechazado en algunos casos la aprobación de los proyectos por incumplimiento ambiental.

Por lo anterior, la autoridad ha anunciado la elaboración de un reglamento que incorporará una instancia de participación indígena más clara y precisa. Esperamos que se agilice el mencionado reglamento para dar estabilidad jurídica a los proyectos de inversión, especialmente mineros y energéticos.

Ello, porque la interpretación de dicho convenio ya está provocando un impacto concreto en la carpeta de inversiones, que Sonami había estimado en US$ 100 mil millones para los próximos 10 a 12 años. Durante los últimos meses esta cifra se ha visto disminuida en un tercio, debido a diversos obstáculos, justamente entre ellos el mencionado convenio, que en varios casos ha judicializado y paralizado algunas iniciativas de inversión. Así, también, están incidiendo los elevados costos de la energía, la escasez de recursos hídricos y la baja disponibilidad de mano de obra especializada y capacitada. Variables que, en definitiva, pueden afectar la competitividad de nuestra industria.

Desde nuestra perspectiva, el Estado chileno tiene el deber irrenunciable de generar instancias políticas que den certeza jurídica a nuestra institucionalidad, destrabando y facilitando la concreción de dichas inversiones, porque cuando se retrasan los distintos proyectos, el aporte al crecimiento social y económico del país también se aplaza, con el negativo impacto que esto acarrea para todos los chilenos.

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