La Defensoría del Pueblo advirtió que la modificación del Código Procesal Penal que permite al personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas proceder al levantamiento de cadáveres, tanto de militares como civiles, siempre y cuando estén en zonas declaradas en emergencia, afecta algunos derechos fundamentales.

Asimismo, apuntaron que la autógrafa aprobada tiene una redacción diferente a aquella del proyecto original, la cual iba a permitir que se prescindiera de la comunicación previa con el fiscal "de manera excepcional" en cuanto los fallecidos sean miembros de dichas instituciones, mientras que cuando se tratara de civiles, sí seguiría siendo preciso.

Según la norma publicada este último viernes, podrá levantarse los cadáveres sin la necesidad de personal del Ministerio Público, "en casos excepcionales cuando las condiciones de la zona o el contexto del operativo imposibiliten la comunicación previa a la entidad".

En este par de casos, solo será necesaria la  constancia de la diligencia hecha, y se rendirá cuentas de ella dará al representante del ministerio del caso dentro de las 24 horas posteriores al hecho. El Poder Ejecutivo tendrá 90 días para aprobar el reglamento respectivo, contados a partir de su entrada en vigencia.

La Defensoría consideró que "la medida referida a transferir competencias propias y exclusivas del Ministerio Público al personal militar o policial resulta inconstitucional".

La entidad tutelar agregó que la existencia de un estado de emergencia no implica desconocer la Constitución, por eso advirtió que dar facultades para el levantamiento de cadáveres, sin presencia ni conocimiento previo del fiscal, podría afectar el derecho al debido proceso tanto para los familiares de civiles como de militares, una situación que por lo demás promueve la impunidad.

Fuente: La República