En este año que termina, las opciones del gobierno boliviano para conseguir que la población indígena acepte la construcción de un tramo de una carretera parecen haberse agotado tras la aplicación de una consulta que terminó en medio de observaciones e impugnaciones legales.

Se trata del segundo tramo de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, diseñada por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y, tal como sostienen diversos especialista, el conflicto está lejos de acabar y las posturas de los indígenas permanece firme.

El propio Defensor del Pueblo señaló que la consulta fue unilateral, aplicada con sesgo autoritario y colonialista e irrespetuosa de principios constitucionales. Una de las irregularidades de este proceso es que, al menos siete de las 58 comunidades que el gobierno afirma haber consultado, ya no forman parte de esa Tierra Comunitaria de Origen (TCO) TIPNIS, porque renunciaron a la propiedad colectiva para acceder a la titulación individual de sus chacos, según denuncia de los indígenas.

Por otro lado, el informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH) y la Iglesia Católica, sobre las 36 comunidades del TIPINS, concluyó que el proceso consultivo no se ajustó “a los estándares de consulta previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales”.

Según la comisión, 30 de las comunidades visitadas rechazaron la construcción de la carretera por el centro del TIPNIS, “3 comunidades aceptaron la construcción de la carretera y 3 comunidades aceptaron de forma condicionada a estudios y cambio de ruta de la misma”.

Asimismo, la consulta tampoco cumplió con la condición de ser "Informada", porque no se dio a conocer a los indígenas estudios sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de una carretera por medio del TIPNIS. Los comunarios relataron a la comisión que “solamente se les mostró el trazo (de la carretera) e imágenes de modelos de carretera ecológica”.

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