Este viernes, la Sala Penal Liquidadora confirmó la absolución de 107 personas, entre campesinos, comuneros, alcaldes provinciales y periodistas, que habían sido detenidos luego de protestar contra la Empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (antes Majaz S.A.).

Como se recuerda, entre fines de julio e inicios de agosto de 2005, los integrantes de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas, Yanta, y otras comunidades de la región, afectadas por la presencia de la minera realizaron una marcha hacia el Campamento Henry´s Hill.

Ante ello, los manifestantes fueron reprimidos, 28 de ellos fueron detenidos arbitrariamente en las instalaciones del campamento minero y sometidos a actos de torturas físicas y psicológicas.

En ese entonces, el Fiscal Provincial de Huancabamba, Lorenzo Félix Toledo Leyva, observó a los comuneros golpeados y decidió denunciar a 107 personas (incluidas a las 28 personas torturadas).

El motivo de las detenciones fue la supuesta comisión de los delitos de sustracción y arrebato de armas de fuego, complicidad en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la figura de lesiones, delito por entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, etc.

El 10 de mayo de 2012, mediante Resolución (Expediente No. 140-2005), el Primer Juzgado Mixto de Huancabamba emitió la sentencia correspondiente absolviendo de responsabilidad penal a las 107 personas procesadas.

Luego, esta sentencia fue apelada por la Primera Fiscalía Mixta Corporativa de Huancabamba, por lo que el expediente fue elevado a la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Finalmente, esta Sala Penal Liquidadora expidió sentencia, de segunda y última instancia, confirmando en todos sus términos el fallo absolutoria que dictó el Primer Juzgado Mixto de Huancabamba.

Con ello, se cierra en forma definitiva el proceso seguido contra las 107 personas antes mencionadas.

Al respecto, FEDEPAZ considera que la existencia de procesos penales contra personas inocentes que duran tanto años es posible por la existencia de normas que criminalizan el legítimo derecho de las comunidades rurales o urbanas de expresarse públicamente y de protestar cuando sus justas demandas no son atendidas por el Estado.

Con información de Noticias SER.