Por Omar Rosel y Cate De la Cruz - Noticias SER.

El ataque de una columna del llamado “camarada Gabriel” al campamento de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Kiteni el pasado 6 de octubre, donde quemaron tres helicópteros; la emboscada a una patrulla de la policía con la consecuente muerte de dos efectivos en Cielo Punku el 12 de octubre, no sólo ponen en cuestión la estrategia de la lucha contrasubversiva que está aplicando el gobierno en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), sino genera preocupación en las autoridades del lugar por la ampliación del radio de acción de los remanentes de Sendero Luminoso liderados por los hermanos Quispe Palomino.

Los atentados perpetrados en territorios de la provincia de La Convención (Cusco) se han incrementado en el presente año, según refiere Carlos Condori, coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Ayacucho, lo cual demuestra que el accionar focalizado de Sendero en Vizcatán y Canayre ha cambiado y se ha extendido hasta Kepashiato y Kiteni, “territorios cercanos al Valle del Urubamba”. Esto también refleja una mayor capacidad operativa y de despliegue de dichas columnas armadas.

Fedia Castro, alcaldesa de la provincia de La Convención, indica que hasta hace pocos años estos hechos de violencia no se manifestaban en esta zona. “Realmente Sendero está ampliando su territorio de acción hasta la selva de Cusco, porque ahora hay emboscadas, balaceras e incendios de helicópteros”. Al mismo tiempo demanda al gobierno que brinde seguridad para su provincia que alberga al proyecto gasífero más grande que tiene el país.

Según explicaciones de Pedro Yaranga, analista en temas de seguridad, el posicionamiento del “camarada Gabriel” y sus columnas en la zona de Vilcabamba (Cusco) se remonta al año 2008, cuando instalaron sus campamentos tras dejar los territorios de Chungui (Oreja de Perro) en Ayacucho. Asimismo el “camarada Gabriel” se percató –refiere Yaranga- que la presencia de las Fuerzas Armadas en Vilcabamba y otros poblados cercanos era casi nula y por lo tanto existían posibles blancos de ataque como el gasoducto de Camisea.

Falta de reacción

El gobierno se muestra sin brújula para responder al accionar terrorista, explica Rubén Vargas, especialistas en temas de narcotráfico. Esa reducida reacción es aprovechada por Sendero para mostrarse con mayor control territorial “no sólo en el río Apurímac, Ene y Mantaro sino en esta parte del Cusco como Kiteni y Kepashiato”.

Mientras que para Miguel Ángel Camana, representante de la Central de Comités de Autodefensa del VRAE, la situación actual es consecuencia de una respuesta nada adecuada de la policía: “Inclusive en el último atentado a los policías en Cielo Punku, la comisaria no socorrió a tiempo a los heridos, dejando ese trabajo a los serenos de Kimbiri”, dice. Aunque para Vargas este atentado no fue realizado por las huestes senderistas de “Gabriel”, porque el tipo de arma utilizado corresponde a la de los narcotraficantes, asunto que es corroborado por Pedro Yaranga.

No obstante, es una realidad que el grupo senderista de los hermanos Quispe Palomino tiene una capacidad operativa pero según refiere Carlos Condori, nunca podrá ser superior a la del Estado, pero la diferencia la marca el “conocimiento de la zona” que tienen. En ese sentido, Condori insiste en que la estrategia de intervención del gobierno y de las Fuerzas Armadas debería repensarse e incluir a la población, hecho que no se ha realizado y tampoco agotado. “En este escenario el trabajo con la población es la columna vertebral de cualquier estrategia”, indica.

En apreciaciones de Edwin Huamán, alcalde de Ayna San Francisco (Ayacucho) y presidente de la Mancomunidad Asociación de Municipalidades del VRAE, las estrategias planteadas se han militarizado. Por ello recomienda que “la presencia del Estado debe ser a través de programas y proyectos sociales”, lo que permitiría acercarse a la población.

Los cupos

Hasta el momento la empresa TGP no ha confirmado si el atentado al campamento de Kiteni fue por no haber pagado un cupo al “camarada Gabriel “. Pero lo que sí es cierto, según indica Rubén Vargas es que en esta zona el cobro de cupos es un secreto a voces. “En el VRAEM desde los alcaldes y municipios hasta los transportistas pagan cupos y es un hecho cotidiano del lugar donde el gobierno no brinda las garantías ni la seguridad a las empresas que operan ahí”.

El alcalde de Ayna San Francisco, Edwin Huamán no niega que los hermanos Quispe Palomino estén cobrando cupos, pero precisa que en su distrito no se han registrado ese tipo de hechos, aunque “tal vez sí se esté dando en zonas más alejadas”. Fedia Castro, alcaldesa de La Convención negó que en su jurisdicción se haya pagado cupos y precisó que si hubiera presiones de las columnas senderistas para realizar este tipo de aportes, “tampoco accederíamos porque somos parte del Estado”.

El factor de los Comités de Autodefensa (CADs)

Daniel Roca, gobernador de Ayacucho, refiere que las críticas al gobierno por lo que sucede en el VRAEM eran de esperarse. Explicó que en poco más de un año de gestión no se puede solucionar un problema que fue abandonado desde hace una década. Asimismo, informó que su despacho está promoviendo que los Comités de Autodefensa -factor fundamental para la pacificación por su lucha contra Sendero en los 90- se reactiven y sean tomados en cuenta cuando se replantee las estrategias de combate contrasubversivas. “Existe un divorcio en el trabajo entre la policía y las Fuerzas Armadas, aunque ahora ultimo intentan articular sus acciones; pero en ello tampoco se toma en cuenta a los CAD”, expresa Roca.

Tras los acontecimientos ocurridos, el gobierno anunció la instalación de por lo menos 10 bases militares en La Convención, hecho que, según Ángel Camana, no sería la solución pues la estrategia debería ir por el lado de fortalecer los CAD para articularlos al trabajo de las Fuerzas Armadas. “Si recordamos en los años de la violencia política los que lograron vencer a Sendero fueron los CAD y ahora estamos olvidados por el Estado”. También refiere que miembros de su organización fueron amenazados por las huestes de los hermanos Quispe Palomino por apoyar en algunas oportunidades a las fuerzas del orden.

Piden ser incluidos

La alcaldesa de La Convención, ha informado que las autoridades de la Mancomunidad Amazónica, que incluye a varias municipalidades de su zona, solicitaron una audiencia con el Presidente Ollanta Huamala y con el Consejo de Ministros, no sólo para solicitar mayor seguridad sino para que también se les tome en cuenta en las estrategias y acciones de pacificación y “se nos rinda cuenta respecto a las acciones del plan VRAEM”.