La reforma agraria que inició el general Juan Velasco Alvarado en 1969 es criticada por diversos analistas e historiadores. Algunos están en contra por su carácter 'dictatorial'. Otros critican dicha medida por no haber sido eficiente. Una de las razones sería que dicha reforma no incluyó un proceso de capacitación a los campesinos y dirigentes de cooperativas.

Ahora, cuarenta y dos años después, no es de ilusos afirmar que es necesaria otra reforma agraria. La hiperconcentración de las tierras en el Perú ha llegado a niveles impensados y hasta más desiguales que antes de la reforma velasquista. Esta es la posición de Gerardo Saravia y Patricia Wiesse, Editor y Directora de la Revista Ideele, respectivamente.

En la última edición de la revista, Saravia y Wiesse sostienen que los latifundios han regresado recargados y con más poder que antes. Si en tiempos de Velasco se trataba de gamonales, ahora son grandes corporaciones.

A continuación, el artículo completo de la Revista Ideele:

Cuando tenga (toda) la tierra

Cuarenta y dos años atrás, cuando el general Juan Velasco Alvarado redactó el acta de defunción de las grandes haciendas mediante la reforma agraria, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que los latifundios regresarían. Y menos aún, cuantiosamente recargados. Es cierto que ya no existen los pongos, y que los grandes gamonales que retrataban los escritores indigenistas seguirán en el mundo de la literatura.

El latifundio de hoy es distinto. No existen los siervos, pero sí una legislación laboral en la que “flexibilidad” es el eufemismo de “abuso”. Los nuevos terratenientes no son aquellos de botas y látigo que tan bien retrataba Arguedas: ahora pueden ser corporaciones fantasmales que desde algún lugar del país o del mundo digitan el destino de la tierra.

Hablan los números

En el país de las encuestas semanales, faltan cifras nacionales. El último censo agrario se llevó a cabo en 1994, y desde entonces mucha agua ha corrido por debajo de estas tierras. De momento tenemos algunos números contundentes, sacados de acá y de allá, que revelan un proceso irreversible que parece torcer las más acérrimas voluntades. Incluso la mismísima voluntad presidencial.

Este Perú del crecimiento inédito parece, por otro lado, retroceder en el tiempo. El número de hectáreas que en algún momento llegaron a justificar la reforma agraria hoy aparece triplicado. No hay cifras oficiales, cierto, pero sí, felizmente, instituciones no oficiales obsesas con este tema.

CEPES es una de ellas. Desde hace varios años viene batallando, casi en solitario, por algo que podría ser de sentido común: no se puede permitir que la parte de planeta que nos toca sea propiedad de unas cuantas personas. “Las nuevas propiedades superan largamente las extensiones que tenían las grandes haciendas anteriores a la reforma agraria”, subraya una investigación realizada por esta institución. “En el valle de Huaral, por ejemplo, el fundo más grande antes de la reforma agraria tenía 1.200 hectáreas (Ha), y la hacienda más chica, pero considerada expropiable, era de 400 a 500 Ha. Todas las haciendas juntas del valle de Huaral, que fueron expropiadas por el gobierno, no llegaban a las 16.000 Ha, y Camposol tiene ahora 25.000 Ha en inversión”, señala Fernando Eguren, director de CEPES.

Eguren también ha realizado una comparación sobre el tamaño de tierras en las Europas. Tomó el 20% de todas las tierras agrícolas de cada país del Viejo Continente y descubrió que el promedio de los predios más grandes en España es 1.050 Ha, y de 300 Ha en Francia. Gran Bretaña tiene aproximadamente 2.500, incluyendo las extensiones ganaderas. Esta evaluación debe —al menos— hacer reflexionar a quienes apuestan por la agricultura a megaescala.

“Es absolutamente innecesario tener más de mil o 500 hectáreas. Hablando con empresarios agrícolas y preguntándoles a partir de cuántas hectáreas se puede ser competitivo y usar las tecnologías más modernas, me dijeron que de 200 a 300. No se necesita más”, puntualiza Eguren.

El mito de la eficiencia

Detrás de la concentración de tierras hay argumentos que parecen irrefutables: mayor eficiencia y productividad de la agricultura, que derivan en un mayor ingreso para los que trabajan la tierra y para el país. Esta idea viene sustentada por cifras alentadoras. La gran inversión tiene lo suyo. Los cuadros que muestran la disparada de la producción en Ica son reales, y los ingresos obtenidos a consecuencia de la agroexportación, también.

Pero no todos están de acuerdo con que la gran acumulación de tierras sea sinónimo de mayor rendimiento. ¿Quiénes? ¿Los pequeños agricultores? ¿Las ONG, siempre tan quisquillosas? Sí. Pero también otros organismos como el Banco Mundial (BM). ¿Les suena conocido?

En un informe publicado por la Revista Agraria se cita una de las conclusiones de Hans Binswanger, el experto del BM en estos temas: “Casi un siglo de investigación por economistas agrícolas en todo el mundo ha producido un hecho estilizadamente contradictorio: los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala, que dependen principalmente de mano de obra contratada”.

Las afirmaciones de Binswanger están fundadas en estudios hechos a escala mundial, en países en los cuales el Estado apoya a los pequeños productores. Sin embargo, en nuestro país, a pesar de que la agricultura se desarrolla en condiciones desventajosas, existen experiencias exitosas: “Hay ejemplos concretos de que la agricultura familiar puede ser exitosa. Los responsables de la producción del café, que representa cerca del 30% del valor de las exportaciones agrarias peruanas totales, son en su inmensa mayoría pequeños agricultores agrupados en cooperativas. El 62,5% del total son productores con posesiones menores de 10 Ha; el 30% cuenta con posesiones de entre 10 y 30 Ha; y el 7,5% con posesiones superiores a las 30 Ha”, sostiene el especialista Jaime Escobedo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha expresado su preocupación por las consecuencias de la concentración de tierras para la seguridad alimentaria del planeta. Lo interesante es que se trata de una institución más bien cuidadosa cuando se trata de opinar sobre el ordenamiento económico de los países: “En el contexto nacional y con arreglo al derecho nacional, podrán estudiarse reformas redistributivas por motivos sociales, económicos y ambientales, entre otros, en aquellos casos en que una alta concentración de la propiedad se combine con una gran pobreza rural atribuible a la falta de acceso a la tierra, la pesca y los bosques, respetando, en consonancia con las disposiciones de la Sección 15, los derechos de todos los titulares de derechos legítimos de tenencia. Las reformas redistributivas deberían garantizar la igualdad de acceso de los hombres y las mujeres a la tierra, la pesca y los bosques”. (“Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”. mayo del 2011). ¡Ejem!, ¡ejem!

Pero no todos están de acuerdo con que la gran acumulación de tierras sea sinónimo de mayor rendimiento. ¿Quiénes? ¿Los pequeños agricultores? ¿Las ONG, siempre tan quisquillosas? Sí. Pero también otros organismos como el Banco Mundial (BM). ¿Les suena conocido?

No me defiendas, compadre

Han salido en el país algunas voces a cuestionar la nueva acumulación de tierras que se está realizando con prisa y sin pausa; voces ligadas por lo general a los pequeños agricultores, los grandes perjudicados. En el Congreso descansan algunos proyectos de ley destinados a limitar la acumulación de tierras. Una propone un límite máximo de 40.000 Ha, y otra de 10.000 Ha. Nada menos.

Quizá estos números no les digan mucho a los que no están familiarizados con el tema. Pero para los que están al tanto pueden representar una burla, ya que los límites que se ofertan terminarían legalizando los latifundios. Una de las propiedades más grandes que expropió la reforma agraria de Velasco fue la hacienda azucarera de Casagrande, que no llegaba a las 30.000 Ha. (Es decir, la reforma agraria se hizo por mucho menos de lo que algunas propuestas de ley pretenden limitar.) En esos predios la empresa Gloria tiene ahora 60.000 Ha de tierra, sin contar las 15.000 Ha de Olmos. Es difícil imaginar tanto poder económico desligado del poder político.

La nueva acumulación

Los orígenes de esta nueva acumulación se remontan a los últimos años de la reforma agraria. Como consecuencia de su fracaso, muchas de las asociaciones se disolvieron y parcelaron. En el segundo gobierno de Fernando Belaunde se dio un primer empujón para hacer viable la acumulación de hoy.

Mediante un decreto emitido al poco tiempo de iniciado su mandato, se dio por terminada oficialmente una reforma que hace años no funcionaba. En 1990 predominaban en el campo peruano pequeñas parcelas de tierra que convivían con algunas cooperativas azucareras sobrevivientes del antiguo proceso. El campo estaba expedito, entonces, para el zarpazo latifundista. Pero para eso debían pasar aún muchos años.

En 1982 se crearon Proyectos Privados de Desarrollo Integral que permitían que sociedades privadas lograran tener hasta 50.000 Ha de tierras eriazas. En el primer gobierno de García se continuó con esta política. Pero esta contrarreforma tenía un límite invulnerable: la Constitución de 1979, que prohibía expresamente el latifundio. Además, protegía la tierra de las comunidades campesinas declarándolas imprescriptibles, inalienables e inembargables. Con este marco, mucho no se podía hacer.

Ésa fue una de las dificultades con las que se encontró el gobierno de Fujimori cuando quiso profundizar la flexibilización de la compra y venta de tierras, de acuerdo con el proceso de libre mercado en el que se había embarcado el Estado. Con la Constitución de 1993, el regreso del latifundio era solo cuestión de tiempo. Este nuevo ordenamiento legal permite que las comunidades campesinas vendan libremente sus tierras y elimina el límite de extensión de la propiedad agraria. De esta manera se modificó el espíritu que se había mantenido desde la Constitución de 1933, en la cual se protegían las tierras de propiedad comunal.

Sin embargo, ninguno de esos cambios fue suficiente para que se desate la voracidad de tierras actual. Hacía falta una empujadita más. El Estado, tan satanizado cuando entra a gestionar o redistribuir la tierra, fue reclamado para subsidiar a los nuevos latifundios.

Los ex presidentes Alejandro Toledo y Alan García se encargaron de profundizar este proceso. Ahora las grandes extensiones de tierras eriazas pueden ser entregadas a empresas privadas para que realicen obras de irrigación, tarea que antes solo era potestad del Estado.

El latifundio subsidiado

Los beneficiados en las subastas de las áreas irrigadas por empresas privadas o por el Estado son los grandes grupos de poder económico, tal como se ha sucedido en Olmos, donde el Grupo Gloria monopolizó las tierras ofertadas. La teoría del libre mercado se transforma en teoría de la relatividad cuando el Estado promociona y subvenciona la concentración de las tierras. “Hay una política deliberada por la cual con fondos públicos y sobre tierras fiscales se impulsa la formación de latifundios. Se venden las tierras públicas que van a recibir agua de grandes obras de irrigación hechas con fondos públicos. ¿Cuántas hectáreas compró Gloria en Olmos? 15 mil hectáreas. Es decir, 225 millones de dólares de subsidio”, señala Eguren.

Pero no es ésta la única forma en que el Estado subvenciona el latifundio. También lo hace a través del impuesto a la renta. En 1999 se promulgó una ley de promoción al agro por la que se exigía a las empresas solo el pago del 15% y no del 30%, como todas las demás. La ley era temporal, pero, como es costumbre en nuestro país, se ha convertido en permanente. Otra forma de subvención es el régimen laboral flexible. Sin embargo, son los voceros de los grupos que más se han beneficiado de los servicios del Estado los primeros que se oponen a darles cualquier tipo de apoyo a los pequeños agricultores.

Voluntad torcida

Hace unos días el propio Presidente de la República instó a los empresarios agroexportadores a que compartan las ganancias, obtenidas con todo el apoyo legal y económico del Estado peruano. “Estamos apoyando la agroexportación: hace una década que les hemos dado un régimen especial. Sabemos que hay problemas internacionales, pero que no se me hagan los suecos, porque hace diez años tienen un régimen especial.”

“Y quiero ver también que así como el Estado pone plata, 2.500 millones de soles, quiero ver mejoras laborales en la población que trabaja en la agroexportación.” ¿Pensará el Presidente que sus palabras son hipnóticas? ¿Que basta con un emplazamiento campechano para que los empresarios metan la mano en el bolsillo derecho?

Humala la tenía clara desde hace mucho tiempo. Basta con leer sus declaraciones en campaña electoral. Pero también la tuvo clara después. A tres meses de iniciado su gobierno convocó a una reunión con gente experta en este tema. Cuentan que el Presidente se indignó: “Sí, pues, no puede ser que solo un pequeño grupo tenga tantas tierras”, dijo, y dio algunas indicaciones sobre cómo normar esta situación e incentivar una política agraria que beneficie más a la pequeña y mediana agricultura. Minutos después entró a la reunión el Premier de ese entonces y habló del beneficio de promover las grandes inversiones. ¿Óscar Valdés? No: Siomi Lerner.

Cada vez que se ha requerido a los ministros de Agricultura sobre este tema, han respondido con evasivas y lugares comunes, a pesar de que tienen a su lado a un viceministro que por años fue miembro de CEPES. Juan Rheineck es uno de los funcionarios más antiguos del Gobierno de Humala, pero hasta el momento su presencia no se hace sentir. Ni Miguel Caillaux ni Luis Ginocchio ni Milton Von Hesse, este último ex funcionario de ProInversión, han revelado alguna convicción de cambio en la agricultura. Cero y van tres. Cero y va un año.

Dispararse a la tierra

Mientras tanto, el campo se ‘descampesiniza’poco a poco, y grandes empresas se apoderan de magníficas extensiones. Cifras de hectáreas que hace 40 años eran consideradas obscenas para pertenecer solo a una familia, ahora parecen normales. A veces a los campesinos no les queda más que vender sus tierras, agobiados por las deudas, y totalmente insolventes como para invertir en los cultivos. Pero este trabajador rural que lo único que ha hecho toda su vida es trabajar en el campo, puede terminar como peón de alguna de estas empresas.

Otros abandonan el campo y se embarcan en el sueño urbano que puede consistir en comprarse una combi y hacer ruta o cualquier otro negocio. Pero el despertar no es tan rentable como lo habían imaginado: la pobreza rural en el país es de 60%.

Sea como fuere, la situación en la que acaba el pequeño propietario no es la única tragedia de la concentración de tierras. Si no se empieza a regular a la gran agricultura, en el afán por incentivar la inversión a cualquier precio, podemos dispararnos a los pies. Mejor dicho, a la tierra.

Dentro de una década el país tendrá 5 millones de habitantes más, lo que significa que se necesitará una mayor cantidad de alimentos. Según Jaime Escobedo, para contrarrestar este escenario se debería: (a) incrementar los rendimientos físicos por hectárea; (b) ampliar la frontera agrícola; o, (c) aumentar las importaciones. Pero la orientación del Estado va en otra dirección “El hecho es que la ampliación ‘formal’ de la frontera agrícola ―básicamente en la costa― no tiene por objeto producir alimentos para el consumo interno, sino que está orientada más bien hacia la agroexportación y, paulatinamente, a la producción de cultivos ‘comodín’”, señala.

No es necesario ser apocalíptico como para vislumbrar un futuro en el que las tierras que antes fructificaban para el consumo humano lo harán para los automóviles y otras máquinas. El boom de los biocombustibles, muy rentable en tiempos de carencia terminal de petróleo, hace mucho que llegó al Perú. Las empresas requieren de inmensas extensiones de hectáreas para hacer rentable este negocio. La conversión de ex cooperativas azucareras en grandes cultivos de etanol puede ser una realidad en algunos años. Por lo pronto, el Grupo Romero está usando 8.000 Ha en producción de etanol, y la Empresa Maple Etanol, 10.000. Solo para empezar.

* * *

No es una exageración decir que la causa fundamental de la actual concentración de tierras en el país es la mal llevada reforma agraria de Velasco Alvarado. Pensaron que con la sola expropiación de las haciendas en beneficio de quienes las trabajaban, la tierra fertilizaría de manera automática. Fue un desastre.

Cuarenta y dos años después, el patrón ha regresado y tiene más apetito que nunca.