La presidenta argentina, Christina Fernández de Kirchner, denunció a la Unión Europea (UE) ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por restringir las exportaciones de biodiésel argentino.

Luego de que el gobierno argentino decidiera la nacionalización de la empresa petrolera YPF, dejando sin participación a la compañía española Repsol, el gobierno de España respondió a esta medida con una serie de normas. Las legislación forma parte de la Directiva de Energía Renovable de los países miembros de la UE que buscaría impulsar el uso de biocombustibles nacionales.

Ante ello, Argentina afirmó que dichas normas, introducidas en abril, bloquearían completamente sus exportaciones de biodiésel a España. Considera que las reglas son "proteccionistas" y advirtió que le costarían 1.000 millones de dólares al año por ingresos que dejaría de percibir.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina dijo que las normas españolas eran un intento por evitar que los "países en desarrollo" ganen más control en las cadenas de valor globales y que evolucionen más allá de su papel como proveedores de materias primas.