(EFE).- El Gobierno de Bolivia acusó ayer a Chile de tener un “nuevo plan bélico que amenaza la paz de la región” y una estrategia que potencia “a sus Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones de guerra en Sudamérica”.

El director de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, dependiente de la Cancillería boliviana, se pronunció en ese sentido en un “boletín informativo”.

“El Poder Legislativo chileno está considerando la nueva Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD 2012-2024), que tiene la finalidad de financiar y potenciar a sus Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones de guerra en la región suramericana”, sostuvo Lanchipa.

La actitud chilena, agregó, “es preocupante para todos los países de la región, además de ser delicado porque ese país ingresó a una serie de contradicciones entre lo que dice y lo que hace, cada vez con mayor desparpajo, actitudes y medidas que parecen representar el preludio de una guerra“.

Lanchipa, ex presidente del Tribunal Constitucional, fue nombrado en octubre pasado por el presidente Evo Morales para alistar una demanda en tribunales con el fin de reclamar a Chile una restitución de la salida al mar perdida en una guerra librada a fines del siglo XIX, en la que también participó Perú en alianza con los bolivianos.

¿Guerra Armamentista?

Afirmó igualmente que la nueva norma debatida en el Senado chileno “contempla una exorbitante partida presupuestaria armamentista”.

Chile, según el funcionario boliviano, ha destinado en promedio cerca de 3.000 millones de dólares anuales al gasto en defensa en la última década, y mantiene minas antipersonales en sus fronteras desde los años 70, pese a su compromiso de removerlas y desactivarlas al suscribir la Convención de Ottawa de 1997.

Lanchipa agregó que el proyecto de ley sobre la nueva estrategia “establece un presupuesto cuatrienal que no podrá ser inferior al 70 % del monto invertido en armamento entre 2001 y 2010, que fueron precisamente los años que más dinero se invirtió en compras militares (en promedio 1.900 millones de dólares anuales)”.

El funcionario dijo además que la política exterior chilena “solo respeta las normas internacionales cuando éstas se ajustan a sus intereses” porque exige a Bolivia que se respete el Tratado de 1904, que fijó los límites con Chile tras la guerra, pero “trasgrede al mismo tiempo todas sus demás cláusulas”.

Sostuvo que hace poco el ministro de Defensa de Chile, Andrés Allamand, “amenazó con utilizar sus fuerzas armadas para “hacer respetar los tratados”, en clara alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie el Tratado de 1904”.