(EFE).- La cooperación entre los departamentos de Policía en la población de Anthony, en Nuevo México, y la Patrulla Fronteriza ha provocado temor y desconfianza entre la comunidad hispana, denunció hoy una activista.

"Hemos tenido varios reportes de policías y agentes de la oficina del alguacil en Anthony deteniendo a conductores y preguntándoles sobre su estatus migratorio", dijo Cristina Parker, representante de la organización Border Network for Human Rights, en el sur de Nuevo México.

Como ejemplo, la activista comentó el caso de dos hermanos que fueron detenidos mientras conducían por un policía que patrullaba en una bicicleta junto a un agente de la Patrulla Fronteriza, ambos cuestionaron al conductor y al pasajero.

"Uno de los hermanos no tenía su estatus migratorio en regla por lo que fue arrestado por el agente fronterizo", relató Parker en entrevista vía telefónica.

Otro ejemplo es el caso de una mujer que durante las primeras horas de la mañana y mientras preparaba a sus hijos para ir a la escuela oyó que un agente de la policía en Anthony tocaba a su puerta y tras abrir, tres agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) entraron a su casa.

"Los agentes de ICE vestían de civiles y solo tenían sus placas, éstos se escondieron para que la mujer sólo pudiera ver al policía cuando abrió la puerta", dijo Parker.

Por este tipo de casos el pasado 16 de mayo representantes de la comunidad hispana llevaron a cabo una protesta y entregaran una petición con 400 firmas al concejo de esa ciudad para que la policía deje de cooperar con la Patrulla Fronteriza y aplique una nueva estrategia para ganarse la confianza de la comunidad hispana.

Parker dijo que en Nuevo México no existe ninguna ley estatal que obligue a las autoridades locales a cooperar con Inmigración, pero explicó que cuando la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, asumió su cargo firmó una orden ejecutiva para que los agentes de la policía puedan cuestionar el estatus migratorio de las personas en caso de creerlo necesario.

"Este poder no está basado en ninguna acción de la legislatura sino en una orden ejecutiva y su aplicación depende de la discreción de cada oficial", afirmó la activista.

Según Parker, el problema es que algunos agentes deciden aplicar las leyes migratorias bajo el perfil racial en contra de los residentes de esta comunidad que se encuentra dentro del condado de Doña Ana, cerca de la frontera con Texas.

Parker indicó que el concejo de la ciudad respondió a sus peticiones y programará una reunión entre los departamentos policiales y la organización defensora de los derechos civiles, pero hasta el momento no se ha concretado una fecha.

"Nosotros estamos pidiendo a la ciudad de Anthony que adopte una política para que sus policías solo se enfoquen en la lucha contra el crimen y la seguridad de las comunidades, ésta es una postura que ha sido tomada por algunas de las asociaciones policiacas y es aceptada por la mayoría de los departamentos policiacos en el país", aseguró.

La activista considera que los policías nunca deben de cuestionar el estatus migratorio de las personas porque esto crea desconfianza entre la comunidad.

"Hay estudios que indican que las personas dejan de llamar a la policía para reportar crímenes en lugares donde las autoridades les cuestionan su estatus migratorio", dijo.

Aseguró que aún cuando la Corte Suprema falle a favor de la ley estatal SB1070 de Arizona, la cual permitiría a los departamentos policiacos cuestionar el estatus migratorio de las personas que sospechen se encuentran de manera ilegal en el país, esto no debe ocurrir en Nuevo México.

"Hemos visto el costo económico que esta regulación ha tenido para Arizona, no creo que en Nuevo México veamos algo similar", finalizó.

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