La Tercera Fiscalía Provincial Penal Cooporativa denunció por extorsión agravada, entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y disturbios contra el Estado a 59 autoridades y dirigentes sociales que participaron en las protestas contra el proyecto minero Conga en noviembre del año pasado, entre ellos, al presidente regional Gregorio Santos y al padre Marco Arana.

La denuncia se realiza poco antes del paro programado para el 31 de mayo, lo que generó la suspicacia de los acusados.

"El gobierno está desesperado; está usando políticamente al Ministerio Público, el Poder Judicial y a la Policía para favorecer a la empresa minera Yanacocha", señaló a La República el líder ambientalista Marco Arana.

Además de Arana, figuran entre los acusados: el presidente del gobierno regional, Gregorio Santos y su vicepresidente César Aliaga, el gobernador Ever Hernández, el alcalde de Cajamarca Ramiro Bardales; el coordinador del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), Sergio Sánchez; la presidenta del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú (Sutep), Carmela Sifuentes; y dirigentes regionales como Idelso Hernández y Milton Saavedra, entre otros.

La abogada de Grufides, Mirtha Vásquez, calificó las pruebas presentadas por la Fiscalía de insuficientes, y denunció una persecución por parte del Gobierno.

Los dirigentes acusados afirmaron que seguirán adelante con la "Marcha de los Caxamarca", que incluye asambleas y marchas de difusión de los peligros de la explotación minera indiscriminada.

"Hemos recibido un importante respaldo y el compromiso de varias delegaciones de participar en la asamblea del 30 de mayo en las lagunas, donde se iniciará el paro indefinido", aseguró a La República el presidente del Frente de Defensa por los Intereses en Cajamarca, Idelso Hernández.