El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, afirmó que la minera Doe Run Perú (DRP) no está apoyando al Estado peruano en la búsqueda de una solución a las protestas de los trabajadores, quienes exigen que se reinicie las operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya, el cual se encuentra cerrado hasta que la empresa ejecute su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

"La empresa Doe Run no tiene voluntad para reanudar las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya, al poner condiciones inadmisibles para el Estado", declaró a RPP Noticias.

Merino explicó que la junta de acreedores de la empresa Renco Group, propietaria de Doe Run, informó a la minera en enero que debe seguir administrando el complejo, pero que tenía que presentar un plan de reestructuración viable ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

“Renco ha presentado un plan que no es ejecutable porque condiciona el financiamiento de U$ 65 millones de un total de US$ 200 millones, y pretende que el Estado peruano se allane a los juicios que tiene Renco en Estados Unidos y en todos sus extremos. Ello es inadmisible y el Estado peruano no puede hacerlo”, afirmó.

Señaló que si bien el Gobierno comparte las preocupaciones de la ciudad de La Oroya y de los los trabajadores, es responsabilidad de Doe Run encontrar una solución al problema, aunque el Ministerio de Energía y Minas seguirá con su posición dialogante para que la minera pueda reanudar las operaciones, pero ceñida estrictamente al marco de la ley.

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