Por Ronald Gamarra.

Hace más de ocho años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó a las autoridades del Estado, y a través de ellas a todos los peruanos, su Informe Final sobre el proceso de violencia que devastó a nuestro país a partir de 1980. Se trata de un documento excepcional en nuestra historia. Hay que subrayarlo con énfasis, pues no hay antecedentes en la historia de la República en que un organismo del Estado haya llegado tan lejos, ni haya escarbado tan profundamente, en el examen de los hechos, las causas, las condiciones y las responsabilidades que dieron lugar a un proceso tan doloroso, que no debe repetirse jamás.

En una tradición política como la nuestra, donde las comisiones sirven para mediatizar, embrollar u olvidar las cuestiones que el Estado no desea o no se siente capaz de afrontar, la CVR produjo un documento que va a las raíces del problema, sacando a la luz una historia que hasta el momento la mayor parte de la élite política y social no ha tenido la entereza de encarar, y denunciando las responsabilidades que alcanzan a todos y cada uno de los sectores políticos y sociales, incluyendo, como debe ser, al propio Estado y las autoridades del Estado.

El Informe Final de la CVR se atrevió a romper el pacto infame de hablar a media voz, esa norma no escrita de nuestra vida política y social, denunciada por el prócer Manuel González Prada hace más de un siglo, que sirve para proteger y perpetuar un estado de cosas arbitrario, discriminatorio e injusto, reproducido generación tras generación. Romper este pacto inmoral era una condición ineludible para producir un informe veraz. Y si algunos esperaban un informe mediatizado y tímido ante las dificultades enormes que entraña afrontar la verdad, podemos regocijarnos de que la CVR estuviera a la altura de su mandato y de su nombre, y que al cumplir su tarea no retrocediera ante el temor físico, moral o reverencial.

La CVR señaló con indubitable claridad la responsabilidad primera de Sendero Luminoso en el baño de sangre que sufrió el país, como organización que perpetró innumerables crímenes de lesa humanidad en su intento por establecer una dictadura despiadada en el Perú. Dice la CVR que SL “representa la expresión de una ideología fundamentalista, sin respeto a la vida”, es una organización “subversiva y terrorista”, que Abimael Guzmán es “quien tiene la responsabilidad mayor en el diseño de una estrategia militar que buscaba conciente y constantemente utilizar métodos terroristas para capturar el poder e implementar un proyecto estatal totalitario”, que su “ideología y estrategia… fueron causa de hechos atroces, y la generalidad y sistematicidad de estas prácticas demuestran fehacientemente… que miembros del PCP-SL y en especial su dirección nacional y su denominada «jefatura» tienen directa responsabilidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad”, que SL “cometió gravísimos crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad”, que “fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos”, que “fue responsable del 54% de víctimas fatales reportadas”, que la cifra total de víctimas fatales provocadas por SL “asciende a 31,331 personas”, que hayan “causado tantas víctimas fatales, asesinadas frecuentemente con extrema sevicia, nos habla de su ferocidad excepcional”, que “La perfidia con la que actuó el PCP-SL en el terreno, escudándose en la población civil, evitando el uso de distintivos y atacando a traición, entre otros métodos similares como el recurso a acciones terroristas, constituyó un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil, incrementando en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades”, y que para SL “los derechos humanos tenían un carácter «burgués reaccionario contrarrevolucionario» y eran opuestos a los que ellos denominaban «derechos del pueblo».

Los terroristas siempre despreciaron la democracia. Recordemos sino el hecho que SL prohibía a la gente participar en las elecciones y mataba a quienes intervenían en ellas como candidatos o incluso a quienes encontraban con el dedo entintado en las zonas donde ellos campeaban. Para SL, votar era un crimen; elegir, una abominación; presentar una candidatura, traición. La participación en un proceso electoral la castigaban con la muerte. El desprecio de los terroristas por la vida lo testimonian miles de cadáveres regados en su camino. Las víctimas de SL y el MRTA, ocurridas en un tan terrible como extenso período de violencia eran hombres y mujeres como todos, compatriotas nuestros, trabajadores esforzados y honrados, padres y madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas nuestros, que fueron masacrados con la misma fría y criminal decisión, en Lucanamarca, en Tarata y en miles de otros lugares del país, sobre todo en las zonas más pobres y olvidadas.

Sólo la mala fe de ciertos críticos con intereses creados puede atreverse a poner en duda la posición de la CVR frente al terrorismo, posición que respaldo sin dudar. Porque todos sabemos bien que la democracia no podrá construirse ni tendrá futuro en el Perú, si los peruanos no tomamos conciencia de los peligros del mesianismo, el fanatismo, el fundamentalismo ideológico y la violencia y el crimen asumidos como práctica política. Por ello los terroristas han sido sancionados y cumplen drásticas sentencias de acuerdo a la ley.

Pero la CVR también examinó y determinó con claridad la responsabilidad imputable a las autoridades del Estado, empezando por los gobiernos que ejercieron el poder político entre 1980 y 1995, e incluyendo a funcionarios de todos los niveles e instituciones estatales, y señaló los casos en que fueron autores de crímenes de lesa humanidad o actuaron con tolerancia culpable ante ellos. ¿Acaso era posible obrar de otro modo sin ser desleal a la verdad?

Quienes cuestionan a la CVR por haber denunciado los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas del Estado en el curso de la lucha contra el terrorismo, plantean una exigencia inmoral, que repugna a la conciencia de los peruanos. Callar el crimen es una alternativa que nadie puede considerar sin descalificarse moralmente. Encubrir crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes del Estado envilece al propio Estado, a sus instituciones y especialmente a la Fuerza Armada. Para construir un estado democrático, basado en el respeto a la persona humana, como establece la Constitución, debemos rechazar y condenar sin dudar los crímenes de lesa humanidad. De lo contrario, la complicidad del silencio nos envilecerá a todos.

Por eso es tan deplorable que, pasados ya ocho años desde la entrega del Informe Final de la CVR, algunos denosten de él, pretendiendo menoscabarlo, en lugar de asumirlo como un norte moral que guíe la recuperación y el progreso del país y sus instituciones. Por eso también, es lamentable que haya algunos que digan que el Informe de la CVR no sirve para la reconciliación. Hay que preguntarse, entonces, qué entienden ellos por reconciliación. Si ella supone callar sobre las responsabilidades de los agentes del Estado y facilitarles impunidad a sus perpetradores, decimos que no hablan de reconciliación sino de resignación y olvido inadmisibles ante el crimen y de indiferencia cómplice frente a las víctimas de esos crímenes. La reconciliación que preconiza la CVR, la reconciliación a la cual aspiramos los peruanos con toda nuestra esperanza, es aquella que se construye sobre la verdad y la justicia. Esa es la única reconciliación auténtica.

Hablando del futuro del Perú, el maestro Jorge Basadre nos advertía de la necesidad de evitar a los incendiados, a los congelados y a los podridos. Los incendiados son aquellos que han sido ganados por la intemperancia y el extremismo, y en la persecución de sus objetivos echan por la borda los más elementales valores humanos, tal fue el caso de los terroristas; los congelados son aquellos reaccionarios, reacios a cualquier cambio que afecte su situación de privilegio y dominio basado en la discriminación y la marginación de la mayoría; los podridos son aquellos que flotan en la rutina mediocre del poder y medran de la corrupción material y moral que sustenta su dominio espurio. Está claro que pertenecen a esta categoría los que buscan la impunidad.

Que cada uno elija el lugar en el que quiere situarse. Si les nace ubicarse al lado del escuadrón de aniquilamiento Colina o de Sendero Luminoso, allá ellos. Nosotros hemos hecho nuestra elección por la vida, los derechos humanos, la democracia y la justicia, y en ello persistiremos sin que nadie pueda hacernos callar ni retroceder.