El Perú ha sido sancionado una vez más por no efectuar el procedimiento de aborto terapeútico, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas. Dicho Comité resolvió que Perú debe formular herramientas para un acceso real a este además de indemnizar a L.C.; la joven de 13 años a quien se le negó una operación a la columna por encontrarse embarazada. La joven fue ultrajada e intentó suicidarse lanzándose desde el techo de su casa el 31 de marzo de 2007. En consecuencia de no operarla a tiempo en el hospital público Daniel Alcides Carrión, donde los doctores se negaron a practicar un aborto de emergencia, L.C. quedó parapléjica. Luego de un aborto espontáneo a consecuencia de las lesiones, la cirugía se realizó tres meses después de la caída.

Según la directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Rossina Guerrero, que presentó el caso ante la CEDAW:

“Una vez más, la ONU ha dejado claro que negar el acceso a servicios médicos esenciales, incluyendo el aborto legal, constituye una violación de los derechos humanos. El caso de esta joven ilustra las consecuencias terribles que tiene la negativa del Estado peruano a atender los casos de aborto legal cuando la salud física y mental y la vida de las mujeres está en riesgo”.

De esta manera, el Estado peruano es exhortado a establecer protocolos para "garantizar la disponibilidad y el acceso de servicios públicos de salud reproductiva para las/los adolescentes" así como para el acceso al aborto terapéutico quien es legal desde 1924 pero no es aplicado. Las mismas conclusiones fueron dadas en 2005 cuando se falló a favor de la joven K.L., forzada a terminar el embarazo de un feto anencefálico e incluso a amamantarlo durante sus primeras horas de vida, ya que falleció al cuarto día.