La decisión del gobierno de Ollanta Humala de no renovarle la licencia de telefonía móvil a la empresa Telefónica hasta que no pague unas deudas contraídas con el Estado peruano y la decisión de la multinacional española de llevar a los tribunales su desacuerdo, es tratada en un reportaje elaborado por el diario El País de España.

La nota titulada "Tiempo incierto para Telefónica", explica cómo se origina el litigio fiscal entre Telefónica y el Estado y porqué esta primera considera que la decisión del gobierno no es la adecuada. Además, se hace un recuento de las reacciones por parte del Ejecutivo y la preocupación de la diplomacia española sobre este tema.

Aquí te dejamos el reportaje en mención:

Telefónica no pasa en Perú por su mejor momento. Los indicadores operativos siguen siendo buenos, pero las relaciones con el Gobierno se han deteriorado cuando le corresponde renovar sus licencias de telefonía móvil, responsable de más de la mitad de la facturación total en el país. Dos de esas concesiones han expirado ya y otra lo hará en enero de 2012, pero las negociaciones están congeladas desde que Ollanta Humala asumió el poder el 28 de julio pasado. Antes de retomarlas, el nuevo Ejecutivo exige que la empresa regularice impuestos por un importe que podría llegar a 3.700 millones de soles, cerca de 1.000 millones de euros. Telefónica no reconoce esta deuda tributaria y ha llevado el asunto a los tribunales convencida de que le asiste la razón, como en anteriores pleitos en el país.

La preocupación de la empresa es tal que el tema ya se habría llevado al plano diplomático. De acuerdo con la página web de investigación IDL-Reporteros, el embajador español en Perú, Javier Sandomingo, aprovechó la recepción que organizó el pasado 12 de octubre para expresarle al mandatario peruano, en una breve conversación privada, la inquietud del Gobierno español por la situación de Telefónica. Como respuesta, Humala habría insistido en que la empresa debe pagar los impuestos que el Estado peruano le reclama.

En similar sentido se expresó la semana pasada el viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes: "Estamos revisando el aspecto tributario, pese a que no es un tema que esté directamente relacionado con la renovación de los contratos. Tenemos derecho a pensar si queremos renovar los contratos con una empresa que mantiene una deuda importante", declaró al diario oficial El Peruano.

Telefónica entiende que el litigio fiscal (cuya cuantía inicial es mucho menor, pero se ve inflada por multas e intereses desorbitados) no se debe relacionar con la renovación de las licencias.

De momento, el importe de la supuesta deuda tributaria está en discusión. Pero incluso si se llega a un acuerdo, Telefónica tendrá que sentarse a negociar con el nuevo Gobierno en términos muy distintos de los que discutió con la anterior Administración.

Los contratos de concesión que expiraron datan de 1991 y eran "sumamente escuetos", hasta el punto de que no señalaban las condiciones de una eventual renovación, según explica Liliana Ruiz de Alonso, presidenta de Alterna Perú, una consultora experta en regulación de telecomunicaciones. Telefónica solicitó la renovación en 2009 y en julio de este año -con las licencias ya vencidas- había llegado a un preacuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para prorrogar la concesión hasta 2030, a cambio de compromisos de inversión y de servicios universales por unos 500 millones de dólares en los próximos cinco años. Los contratos, sin embargo, no se llegaron a firmar a petición expresa de la Comisión de Transferencia Gubernamental del entonces electo presidente Humala, quien tras asumir el poder dispuso una revisión completa del tema.

En la práctica es muy posible que la negociación deba empezar nuevamente desde cero. Varias fuentes especulan con que la intención del Gobierno sería pedir a Telefónica un pago por renovación. Tampoco se descarta volver a licitar las bandas. En una reciente presentación ante el Parlamento, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, manifestó que ha pedido varios informes legales y económicos sobre el asunto. "Así podremos decidir, en primer lugar, si corresponde o no llevar a cabo una negociación para la renovación y, si ese fuera el caso, cuáles deben ser los parámetros y los referentes económicos, la valorización del espectro, a fin de llevar a cabo esa negociación", explicó.

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha valorado las frecuencias que actualmente opera Telefónica en 830 millones de dólares. La compañía asegura que, de acuerdo con la legislación peruana, no corresponde pago por renovación de sus concesiones. De hecho, lo que se resuelva en esta negociación sentará precedente en Perú, pues se trata de las primeras concesiones móviles que deben renovarse.

"En la ley de telecomunicaciones peruana no se prevén los pagos por renovación de concesiones", señala Liliana Ruiz de Alonso. "De hecho, no son frecuentes en otros países", agrega. "En Chile, por ejemplo, las renovaciones se han hecho a cambio de compromisos de inversión y servicios universales en zonas donde el negocio no es rentable".

Telefónica ha invertido 9.000 millones de euros en Perú y ha pagado impuestos por unos 3.000 millones, según fuentes cercanas a la compañía. Es el segundo mayor contribuyente del país y ha invertido en las regiones menos favorecidas.

La decisión del Gobierno peruano sobre lel espectro radioeléctrico que usa Telefónica se tomará "en las próximas semanas", según el ministro Carlos Paredes. Lo que viene puede no ser sencillo para una empresa que, pese tener las mayores cuotas de mercado en casi todos los negocios en que participa, no goza de mucha simpatía de la opinión pública peruana y es blanco predilecto de no pocos políticos.