Se quieren lavar la cara. En medio de la investigación que afronta por su señalada participación en la trama corrupta de Lava Jato en el Perú, la compañía Graña y Montero (GyM) anunció que cambiará de nombre y una reingenería profunda.

Mediante un comunicado publicado a página entera  en los principales diarios de circulación nacional, la mayor constructora del país sostuvo que ese nombre ya no los representa y que han iniciado un proceso de cambio de identidad que concluirá una nueva marca, por lo que, de momento, ya retiraron su logo de color naranja, así como sus letras, como se ve en la foto que acompaña la nota.

"Estamos colaborando con la justicia, con total transparencia, en todo lo que se necesite. (...) desde ahora, ya no somos Graña y Montero. Ese nombre ya no nos representa", se lee en la nota de prensa, en alusión al preacuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía por tres casos.

Augusto Baertl, actual presidente del directorio del grupo G&M, dio detalles de esta decisión que marcará un punto de inflexión para la compañía peruana, que además anunció  millonarias pérdidas por el coletazo del escándalo Lava Jato.

"Hay que separar a las personas de las empresas: las empresas no cometen delitos, las personas son las que los cometen. Este preacuerdo nos ha llevado a aceptar culpabilidad en tres obras realizadas con Odebrecht: la IIRSA Sur, el Metro de Lima y el Gasoducto Sur Peruano", remarcó Baertl, quien dirige la compañía desde marzo de 2017, en entrevista con Semana Económica.

"Este reconocimiento nos lleva al acto simbólico de que nuestros logos sean descolgados de la fachada de nuestro edificio. Sentimos que el nombre de Graña y Montero ya no nos representa. No hemos cambiado de nombre: es un acto simbólico que le dice al país que ese nombre no nos representa, y por ello queremos pedirle perdón a todos los peruanos".


El jueves 30, la constructora presentó al directorio sus estados financieros, que revelan que tiene cuentas por cobrar relacionadas con el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que representan más de US$400 millones en pérdidas, y se incluyen las provisiones por las futuras reparaciones civiles en los casos Lava Jato, que superan los US$100 millones. Pero así y todo, tiene buenos contratos en marcha y estabilidad financiera, según refleja una reserva de US$2,539 millones, de los cuales US$ 730 millones provienen del 2019.

La reingenería implica que de ser una corporación con más de 30 empresas, pasen a enfocarse en el core de su negocio: ingeniería y construcción, infraestructura e inmobiliaria.  Los empleados son actualmente 17 mil, de los 30 mil que tenía antes de estallar el caso Lava Jato. 

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