Las medidas emprendidas por el Tribunal Constitucional (TC) en los últimos días anticipan una nueva estrategia para declarar fundada la contienda competencial contra el cierre del Congreso presentada por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, cuyo pronunciamiento podría darse antes de la elección del 26 de enero. 

Según fuentes consultadas por La República, el objetivo de un sector del ente constitucional, que lidera el magistrado Ernesto Blume, es cerrar toda posibilidad de que se logren cuatro votos a favor de la constitucionalidad de la decisión de disolver el Legislativo que tomó el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre. 

La maniobra habría empezado durante la audiencia desarrollada 4 de este mes, cuando dos abogados del Congreso y el procurador supranacional, que representó al Ejecutivo, sustentaron sus respectivos fundamentos a favor y en contra de la demanda.

A su salida de la sala, el magistrado y ponente del caso, Carlos Ramos, estimó que el pleno iniciará el debate de la demanda competencial por la disolución del Congreso, las primeras semanas de enero próximo.

“Buscaremos que [el pronunciamiento] sea antes de las elecciones [previstas para el 26 de enero). No depende de mí, no solamente es cuestión del ponente porque tiene que entrar al debate y entiendo que entrará al debate la primera semana de enero”, afirmó a la prensa. 

Explicó además que el TC “cierra sus puertas el viernes 13 de diciembre” y retorna a sus actividades el 2 de enero, por lo que a su regreso procederán con la discusión de la demanda a fin de emitir su pronunciamiento “antes de las elecciones” al Legislativo.

Esto significa que le darían prioridad, ya que de acuerdo con los plazos procesales del trámite del Tribunal Constitucional, una sentencia sobre este caso podría estar lista para la tercera semana de febrero, casi un mes después de que la ciudadanía concurra a las urnas para elegir un nuevo Parlamento.

Carlos Ramos, encargado de elaborar el informe sobre este caso, manifestó que “se ha avanzado mucho” tras la audiencia y resaltó que la Procuraduría emitió su pronunciamiento con anticipación ya que el plazo vencía el 17 de diciembre.

Denuncia contra Espinosa-Saldaña

Otro de los mecanismos, de acuerdo a las mismas fuentes, habría sido la denuncia contra el juez Eloy Espinosa-Saldaña sobre un supuesto maltrato a la secretaria general del TC, Susana Távara. Inclusive, trascendió el rumor de que podría ser vacado por esta acusación, sin embargo, otras hablan de una amonestación. 

“Hay un grupo de gente que parece que no tiene las mejores ganas de tenerme como magistrado del TC”, dijo el viernes pasado en RPP, al enfatizar que lo sucedido fue una discusión áspera. 

Es importante resaltar que, inicialmente, este “grupo” intentó, según las fuentes, que la denuncia se viera de forma “express”, por eso le notificaron a pesar de estar con licencia médica y le dieron como plazo máximo el miércoles último para dar sus descargos. Sin embargo, para evitar más críticas tras la liberación de Keiko Fujimori, dieron marcha atrás y pasaron su caso para el próximo año.

Este domingo, se conoció una nueva denuncia por maltratos contra Eloy Espinosa-Saldaña. Esta vez, la acusación fue de Milagros Morales Soto, que trabajaba en el Área de Protocolo del TC. En declaraciones a Panorama, la funcionaria relató una serie de abusos de parte del magistrado, los cuales se coronaron con el abuso psicológico que habría ejercido contra ella cuando Espinosa-Saldaña realizaba un viaje a Qatar.

Blume y su proyecto

Todo hace indicar que Ramos no será el único que elaborará el proyecto de sentencia, el cual será debatido por el pleno del TC y sometido a votación. Fuentes del ente constitucional aseguraron que su aún presidente, Ernesto Blume, habría encargado que le preparen una propuesta alternativa, en la que se indicaría que Vizcarra violó la Carta Magna al cerrar el Legislativo. 

La propuesta desestimaría la posición del Ejecutivo sobre la negación fáctica de la cuestión de confianza cuando los congresistas no postergaron la elección de los miembros del TC como les fue solicitado. Asimismo, indicaría que la mayoría parlamentaria aprobó expresamente la confianza.

Esta intención no es reciente, ya que poco después de haber llegado la contienda competencial, Blume habría pedido evaluar el expediente a uno de sus asesores de mayor confianza. Sumado a esto, explicaron las fuentes consultadas, el titular del TC también habría solicitado al coordinador de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales, Omar Sar, que elabore una propuesta, tal como hizo en octubre pasado sobre la admisibilidad de esta demanda.

Esta postura contaría con el respaldo de tres magistrados: además de Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. Y en contra estarían los otros cuatro, por ello la salida de Espinosa-Saldaña, sea por vacancia o por una eventual renuncia al TC, los colocaría en un empate, el cual tendría que ser dirimido por la nueva presidenta del ente Constitucional, Marianella Ledesma. 

Es importante recordar que, cuando se conoció su elección a la presidencia de la institución, El Comercio señaló que la postulación de Ledesma no estaba prevista y que fue pensada por el grupo de Blume, Sardón y Ferrero, para evitar que Espinosa-Saldaña asumiera el cargo.

(Foto de cabecera: RPP)

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